Corte Suprema admite tutela de exconsejera Sandra Ortiz en caso de corrupción de la Ungrd
La Corte Suprema de Justicia ha dado un paso significativo al admitir para su estudio la tutela presentada por Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. En este recurso, Ortiz solicita su libertad, argumentando que se le han vulnerado sus derechos fundamentales en el proceso judicial que enfrenta por presuntos actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Argumentos de la exfuncionaria sobre violación de derechos
Según documentos revelados por la revista Semana, Ortiz asegura que se han infringido sus garantías al debido proceso y a la defensa. Por esta razón, interpuso la tutela dirigida a varias instancias judiciales, incluyendo la Sala Laboral de la Corte Suprema, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, y los juzgados 26 y 79 penales municipales con funciones de control de garantías en la capital. La exconsejera sostiene que estas entidades no revisaron adecuadamente el recurso de habeas corpus que presentó, en el cual alega estar encarcelada de manera injusta desde el 18 de diciembre de 2024.
Ortiz advierte que, a pesar de que se le dictó una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario desde esa fecha, el juicio en su contra aún no ha comenzado, lo que considera una prolongación indebida de su detención. Esta situación, según ella, agrava la presunta violación de sus derechos y justifica la solicitud de libertad inmediata.
Contexto legal y reveses recientes en el caso
La exconsejera está señalada por delitos graves, incluyendo lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en el marco del escándalo de corrupción de la Ungrd. Recientemente, el 30 de enero, recibió un nuevo revés cuando la Corte Suprema confirmó la decisión de negarle el amparo de habeas corpus presentado por su defensa, calificándolo como "improcedente". Este fallo representa un obstáculo adicional en sus aspiraciones de obtener la libertad mientras continúa el proceso.
El caso de Ortiz se enmarca en una serie de investigaciones judiciales sobre presuntas irregularidades en la Ungrd, que han involucrado a varios funcionarios públicos. La admisión de su tutela por parte de la Corte Suprema podría tener implicaciones significativas para el desarrollo futuro del juicio y para la interpretación de las garantías procesales en casos de alta relevancia nacional.
En resumen, la Corte Suprema de Justicia ahora deberá evaluar los argumentos de Sandra Ortiz sobre la violación de sus derechos, en un proceso que sigue generando atención pública y debate sobre la transparencia y la justicia en Colombia.
