El Consejo Nacional Electoral (CNE) perderá su autonomía presupuestal y las facultades de contratación y ordenación del gasto de su presidente a partir del 1 de enero de 2027. Así lo determinó la Corte Constitucional al declarar inconstitucionales las normas del Plan Nacional de Desarrollo que habían creado ese esquema.
Decisión unánime de la Sala Plena
La Sala Plena del alto tribunal encontró que los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023 —correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026— eran contrarios a la Constitución por vulnerar el principio de unidad de materia. Según la Corte, estas disposiciones no tenían ninguna relación directa con los objetivos, metas, planes o rubros del Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo.
En consecuencia, la autonomía fiscal y las facultades de contratación del tribunal electoral fueron incluidas sin conexión con los fines del Plan, lo que obligó a la Corte a eliminarlas del ordenamiento jurídico. Esto implica que revive el esquema presupuestal anterior, en el que el manejo de esos recursos permanecía centralizado en el Gobierno nacional.
Efectos diferidos hasta 2027
No obstante, la decisión no tendrá efectos inmediatos. La Corte decidió aplazar su aplicación hasta 2027, considerando la coyuntura electoral en curso. El tribunal señaló que, en atención al papel del CNE en la organización electoral y al proceso en marcha para la elección de Presidente de la República, se optó por modular los efectos del fallo.
Este aplazamiento también responde al principio de anualidad presupuestal y busca evitar impactos en el funcionamiento del sistema electoral durante la primera y, eventualmente, segunda vuelta presidencial.
Coordinación interinstitucional
La Corte ordenó que durante este período varias entidades trabajen de manera coordinada para realizar los ajustes necesarios. Específicamente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Departamento Nacional de Planeación deberán articularse para hacer las adecuaciones normativas e institucionales requeridas y presentar el proyecto de presupuesto general de la Nación para la vigencia 2027 conforme a lo establecido en la sentencia.
La decisión fue adoptada por unanimidad (8-0). El magistrado Vladimir Fernández no participó en la votación debido a un impedimento previamente aceptado por la Sala.
