La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió un pronunciamiento oficial este martes 19 de mayo sobre la reciente decisión contenida en la Resolución OCCP No. 120 del 29 de abril de 2026, expedida por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Dicha resolución establece áreas especiales de concentración para cabecillas del 'clan del Golfo' y la suspensión temporal de las órdenes de captura contra estos.
Advertencia sobre la suspensión de órdenes de captura
En su declaración, la funcionaria analizó la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y la interrupción de procesos judiciales contra miembros de organizaciones criminales vinculadas al conflicto interno. Marín expresó su preocupación por los riesgos que implica esta medida, señalando que no existen acuerdos mínimos que garanticen la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de las víctimas.
Falta de consensos básicos
La Defensora destacó que la suspensión de órdenes de captura sin un marco de diálogo claro y sin garantías para la población civil podría generar un aumento de la violencia en las regiones afectadas. Asimismo, subrayó la necesidad de que el Gobierno nacional establezca mecanismos de verificación y control para evitar que estas zonas se conviertan en focos de rearme o actividades ilegales.
Iris Marín hizo un llamado a las autoridades competentes para que se priorice el diálogo con las comunidades y se asegure la participación de todos los actores involucrados en el proceso de paz. La Defensora insistió en que cualquier medida debe estar acompañada de una estrategia integral que aborde las causas estructurales del conflicto.
Esta noticia se encuentra en desarrollo. Se espera que en las próximas horas surjan más reacciones de organizaciones sociales y políticas frente a la decisión del Gobierno. La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación y emitirá informes periódicos sobre la implementación de las ZUT y la suspensión de capturas.
