Juzgados administrativos ordenan embargo de cuentas de la Gobernación del Atlántico
Los juzgados administrativos de Barranquilla han emitido una orden de embargo contra las cuentas bancarias de la Gobernación del Atlántico, en el marco de un litigio judicial que se extiende por más de una década y que gira en torno a la omisión de honorarios pactados contractualmente. Esta decisión judicial representa un nuevo capítulo en un proceso que ya acumula múltiples sentencias condenatorias contra el ente territorial.
Un litigio que persiste a pesar de anuncios de blindaje jurídico
Aunque en noviembre de 2025 la Gobernación del Atlántico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) anunciaron públicamente una tutela del Consejo de Estado como un triunfo jurídico que supuestamente "blindaba" al departamento de riesgos millonarios, la realidad judicial muestra un escenario diferente. Documentos obtenidos por este medio revelan que, semanas después de ese anuncio, los juzgados administrativos continuaron profiriendo sentencias condenatorias en contra de la administración departamental.
El proceso judicial se origina en demandas de reparación directa formuladas por el abogado Javier Torres Velásquez y su familia, relacionadas con hechos ocurridos en 2014 durante la gestión del entonces secretario de Educación del Atlántico, Carlos Prasca Muñoz. La controversia central se centra en la revocatoria masiva de poderes otorgados a Torres en procesos de nivelación y homologación salarial, así como en la omisión de aplicar los descuentos por honorarios que estaban pactados contractualmente en caso de revocatoria.
Medidas de embargo y nuevas sentencias condenatorias
La evidencia más reciente de que el litigio mantiene plena vigencia se encuentra en una comunicación judicial del 5 de febrero de 2026, donde un despacho judicial ordenó a entidades financieras como Davivienda, Bancolombia, BBVA, Banco de Occidente y otras instituciones bancarias inmovilizar fondos del Departamento del Atlántico para efectos de pago de condenas pendientes.
Esta medida de embargo confirma en la práctica que los juzgados continúan materializando sentencias y activando procesos de cobro contra la Gobernación, una circunstancia que contrasta marcadamente con la narrativa de triunfo institucional presentada por las autoridades departamentales apenas tres meses antes.
Pero el embargo no es el único elemento que demuestra la continuidad de los procesos judiciales. El 19 de diciembre de 2025, es decir, poco más de un mes después del anuncio público de la ANDJE, el Tribunal Administrativo del Atlántico emitió la Notificación No. 87047, correspondiente a una nueva sentencia condenatoria contra el Departamento.
Decisiones de fondo y montos condenatorios
La decisión judicial del 19 de diciembre, registrada en el sistema SAMAI, demuestra claramente que la tutela celebrada por la Gobernación no interrumpió ni frenó el curso de las reparaciones directas que se ventilan desde hace años, ni impidió que el Tribunal continuara reconociendo la responsabilidad extracontractual del ente territorial.
El fallo incluye decisiones de fondo que ilustran el alcance económico de las condenas. En dicho expediente, el Tribunal ordenó el pago de más de veinte millones de pesos por concepto de lucro cesante, así como indemnizaciones por perjuicios morales equivalentes a 20 salarios mínimos para la víctima directa y 5 salarios mínimos para cada uno de sus familiares afectados.
Hasta la fecha, diversos tribunales han emitido más de 17 decisiones desfavorables al Departamento del Atlántico, algunas de las cuales ya se encuentran ejecutoriadas y confirmadas en instancias judiciales superiores. Estas sentencias reconocen que la omisión en el pago de honorarios produjo un daño económico directo a los demandantes.
Acción de repetición contra exfuncionario
En paralelo a las condenas judiciales, la Gobernación del Atlántico interpuso una acción de repetición contra el exsecretario de Educación Carlos Prasca Muñoz, a quien atribuye la conducta gravemente culposa que habría originado la responsabilidad patrimonial del Estado.
La demanda, radicada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico y presentada por la firma ZAM Abogados Consultores & Asociados en representación del Departamento, busca trasladar al exfuncionario el costo económico de las condenas ya ejecutadas y aquellas que continúan en trámite judicial.
La existencia de esta acción de repetición puede interpretarse como un reconocimiento implícito por parte del propio ente territorial de que efectivamente hubo daño estatal derivado de actuaciones individuales durante la administración de 2014, independientemente de la estrategia de defensa que se ha desplegado en los procesos judiciales actuales.
Próximos desarrollos del caso
En los próximos días se espera que la Gobernación del Atlántico se pronuncie oficialmente sobre las medidas de embargo emitidas por los juzgados administrativos de Barranquilla. Simultáneamente, la acción de repetición contra el exsecretario Prasca continuará su trámite ordinario ante las instancias judiciales correspondientes.
Este litigio, que ya supera la década de duración, evidencia las complejidades jurídicas y administrativas que enfrentan las entidades territoriales cuando se ven involucradas en procesos de responsabilidad extracontractual, particularmente cuando existen omisiones en el cumplimiento de obligaciones contractuales pactadas con profesionales del derecho.
La situación actual deja en evidencia la desconexión entre los anuncios institucionales de blindaje jurídico y la realidad de las decisiones judiciales que continúan afectando las finanzas del departamento, mientras las víctimas del proceso esperan el cumplimiento de las indemnizaciones ordenadas por los tribunales.
