Expresidente surcoreano enfrenta condena histórica por intento de golpe
En un fallo que marca un precedente en la democracia surcoreana, el Tribunal del Distrito Central de Seúl sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua por su responsabilidad en la declaración de ley marcial a fines de 2024, acto calificado como insurrección contra el orden constitucional.
Los fundamentos de la condena
El juez Ji Gwi-yeon, al leer la sentencia, destacó que "la declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales" y que no existían indicios de arrepentimiento por parte del acusado. La corte determinó que Yoon, de 65 años, actuó con la intención de paralizar la Asamblea Nacional mediante el envío de fuerzas militares, buscando silenciar a la oposición política en lo que constituyó un intento de toma del poder.
Los hechos se remontan a la noche del 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon apareció en televisión nacional anunciando la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar, citando amenazas de "fuerzas antiestatales" e influencia norcoreana. Sin embargo, la medida solo duró seis horas, pues diputados y manifestantes lograron romper el cerco de seguridad para revertirla mediante votación urgente.
Repercusiones y contexto histórico
Este caso revive los traumáticos recuerdos de los golpes militares que sacudieron Corea del Sur entre 1960 y 1980, contrastando con su actual imagen de faro democrático en Asia. Además de Yoon, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun recibió una sentencia de 30 años de prisión por su participación en la crisis.
La fiscalía había solicitado la pena de muerte para el expresidente, argumentando que actuó movido por un "deseo de poder orientado a la dictadura". Bajo la ley surcoreana, la insurrección solo admite dos castigos: prisión perpetua o ejecución.
Reacciones y legado judicial
Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal con pancartas de apoyo, mientras fuerzas policiales se desplegaron para prevenir disturbios. Yoon, quien ha permanecido en régimen de aislamiento, mantiene su inocencia, asegurando que sus acciones buscaban "salvaguardar la libertad" frente a una "dictadura legislativa".
Esta sentencia se suma a una previa condena de cinco años por delitos menores, cerrando un capítulo que expone las tensiones políticas persistentes en el país. El fallo subraya el compromiso institucional con el estado de derecho, incluso frente a las más altas esferas del poder.
