La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación emitieron un pronunciamiento conjunto para rechazar de manera categórica los denominados 'juicios revolucionarios' que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) ha realizado contra dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y dos integrantes de la Policía Nacional, quienes permanecen secuestrados desde el año pasado en zona rural del departamento de Arauca.
Exigen liberación sin condiciones
En un comunicado conjunto, las tres instituciones hicieron un llamado urgente a la guerrilla del Eln para que libere, sin condiciones, a los secuestrados. Recordaron que Colombia es un Estado Social de Derecho regido por la Constitución de 1991, en el que la administración de justicia recae exclusivamente en las instituciones judiciales y en los organismos del Estado.
Las instituciones insistieron en que "el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado Social de Derecho", al tiempo que pidieron garantías para la vida de los funcionarios judiciales Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como de los policías Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.
Agradecimiento por canales humanitarios
La Corte Suprema y la Fiscalía también agradecieron a las personas, organizaciones y autoridades que han mantenido abiertos canales humanitarios para buscar la liberación de los secuestrados. Además, advirtieron que "el uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia".
Finalmente, ambas entidades subrayaron que la liberación de los servidores judiciales y policías secuestrados debe darse "sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz" por parte del Eln, al recordar que la experiencia del conflicto armado ha demostrado que el secuestro deja consecuencias permanentes para las víctimas, sus familias y el país.
Procuraduría califica el secuestro como delito
A su turno, la Procuraduría señaló que "el secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana", e instó al gobierno de Gustavo Petro para que tome "las acciones pertinentes para buscar la libertad de los funcionarios secuestrados, mantener el respeto y la salvaguarda del orden nacional".
Detalles de los secuestrados
Franque Hoyos Murcia es un subintendente investigador criminal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), quien cuenta con 17 años de servicio en la Policía Nacional. Por su parte, Yordin Fabián Pérez Mendoza es un patrullero adscrito al Cuerpo Élite de la Dijín en Bogotá, con más de una década de labor en la entidad. Ambos uniformados fueron secuestrados el 20 de julio de 2025 mientras se movilizaban por la carretera que conecta Tame con la capital de Arauca.
En contra de los policías, el Eln anunció que se dictó una pena de "36 meses de prisión revolucionaria" para cada uno, en el entendido de supuestos cargos de espionaje y perfidia contra el pueblo y la organización guerrillera.
Por otro lado, los agentes del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, están secuestrados desde el 8 de mayo del año pasado, en el municipio de Fortul. Contra ellos, el grupo armado impuso las penas más severas tras considerar, sin pruebas, que son responsables de actos de tortura, agresiones a la población civil, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad.
La sentencia para Pacheco Oviedo se fijó en "60 meses de prisión revolucionaria", lo que corresponde a cinco años de cautiverio, mientras que para López Estrada la pena impuesta fue de "55 meses de prisión revolucionaria". El Eln precisó en sus videos que "el tiempo transcurrido desde la 'captura' hasta la fecha en que se emite la presente decisión se tendrá como descontado de la condena impuesta".
