En Colombia, cuando algo parece imposible y sin embargo ocurre, se recurre al realismo mágico para explicarlo. Algo así sucedió hace trece años en San Estanislao de Kostka, el municipio con el nombre más extenso del departamento de Bolívar. Un pueblo apartado, donde nadie imaginaba que se estaban celebrando matrimonios entre parejas del mismo sexo antes de que existiera la jurisprudencia que lo permitió formalmente. Allí confluyeron probabilidades mínimas: un juez dispuesto a realizar estas uniones porque, al ser gay, no quería que cuando tomara esa decisión desde el amor, le cerraran las puertas en la cara, y un pueblo lo suficientemente pequeño para quedar fuera del radar institucional.
Pero la historia del juez era parte de una lucha más grande. El 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional reconoció de manera definitiva el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Una decisión que fue el resultado de años de litigio, del trabajo de organizaciones sociales, de la presión de las parejas que querían casarse y de jueces que, como él, permitieron que esto empezara a hacerse realidad. Ese camino no había sido sencillo. Fue apenas en 1981 que las relaciones entre personas del mismo sexo dejaron de ser consideradas delito en Colombia. Once años después, la Constitución de 1991 abrió la puerta a la acción de tutela y con ella la posibilidad de exigir derechos, que se fueron reclamando uno a uno. Tras varios procesos de incidencia, en 2007 la Corte reconoció la unión marital de hecho. En 2011, el alto tribunal estudió el matrimonio igualitario y expresó que estas parejas conformaban familias constitucionalmente protegidas. Por eso le dio al Congreso dos años para legislar al respecto. Si no lo hacía, las parejas podrían formalizar su vínculo ante jueces y notarios.
El plazo se cumplió en 2013 y, desde entonces, estas uniones quedaron en un limbo. Ninguna ley ni sentencia decía explícitamente que podían casarse, pero existía un antecedente que lo sugería. Fue entonces cuando algunos jueces y juezas, concentrados principalmente en Bogotá, empezaron a estudiar la sentencia y a hacer sus propias interpretaciones para celebrar lo que en ese momento se empezaba a llamar “matrimonio igualitario”.
El juez que desafió la presión
Mientras ocurría todo lo anterior, Carlos Eduardo García Granados, un juez en Bolívar, seguía de cerca lo que estaba pasando. No solo por el ruido mediático, sino porque sus colegas, con quienes tenía una relación cercana, ya estaban en aprietos por haber decidido casar parejas del mismo sexo. Recuerda el caso de Juan Carlos Cerón, el primer juez en Colombia en casar a una pareja homosexual y denominarlo matrimonio en el acta, razón por la cual fue cuestionado. O el de Julio González Hoffman, un juez en Gachetá, Cundinamarca, que casó a una pareja de mujeres y terminó enfrentando una tutela para anular el matrimonio y, además, una investigación que casi le cuesta el puesto.
La Procuraduría, dirigida en ese entonces por Alejandro Ordóñez, tenía los ojos puestos en el tema. “La problemática que se estaba presentando era que remitieron una circular al Consejo Superior de la Judicatura para que nosotros informáramos de las solicitudes de matrimonio igualitario que estuvieran siendo radicadas en los diferentes despachos judiciales”, relata Carlos García en entrevista con El Espectador. Pese a esa presión, se preguntó por qué no hacerlo él también. Tenía colegas heterosexuales que admiraba y que, por pura convicción, se habían puesto a “coger el toro por los cuernos” para apoyar a la población LGBTIQ+. Desde que se hizo esa pregunta decidió estudiar el tema y hacer las consultas jurídicas necesarias. Y, por un impulso propio, decidió publicar un trino en Twitter (ahora X) anunciando que, si llegaba una solicitud de matrimonio igualitario a su despacho, la celebraría. “Yo dije que le iba a llamar matrimonio porque eso era. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ese contrato innominado que algunas notarías estaban sugiriendo no me parecía la solución”, dice. Los contratos innominados eran una figura que el Colegio de Notarios había creado para cumplir el pronunciamiento de la Corte sin usar la palabra matrimonio, pero sin brindar certeza sobre el tipo de unión que generaban. “A veces los actos de discriminación no tienen que ser un golpe o una amenaza. Incluso no llamar a las cosas por su nombre es un acto discriminatorio”, pensó en ese entonces.
Fue así como Colombia Diversa y Dejusticia, organizaciones que litigaban y se movilizaban por el matrimonio igualitario, encontraron a García. Él estaba dispuesto a unirse a los no más de cuatro jueces en el país que querían casar parejas del mismo sexo. García había llegado a San Estanislao de Kostka en 2011 casi por azar: era la plaza más cercana disponible tras ganar un concurso de méritos. Todas las mañanas salía de Cartagena, lugar donde vivía, y recorría una hora y veinte minutos en lo que él llama “troncomóviles”, esos buses destartalados que conectan la ciudad con los pueblos de Bolívar.
La “Operación Macondo”
Sus primeras impresiones del municipio fueron varias. El nombre era tan difícil que se enredaba al pronunciarlo. Era conocido por sus inundaciones, sus problemas de electricidad y sus carencias. “De los municipios que entran a la lista de los olvidados, lo que entre sátira se llama la Colombia profunda”, recuerda con risas. Pero también descubrió que allí la gente se cuidaba entre sí, que si alguien estaba en aprietos aparecía una mano tendida. Y eso se reflejó en que ninguna de las personas que se casaron allí fue objeto de discriminación o amenazas.
Así, quienes quisieran celebrar un matrimonio igualitario tendrían que viajar hasta San Estanislao de Kostka para que García los casara. A todo eso él lo bautizó “Operación Macondo”. El nombre no era por casualidad; él es magdalenense como Gabriel García Márquez, y hasta comparten el apellido sin tener parentesco alguno. “Entonces sí había un poquito de realismo mágico, o trágico, depende cómo quiera interpretarse, ver a la gente montarse en esos buses llenos de gallinas y cosechas para ir a casarse”, cuenta. Las parejas planeaban el viaje desde Cartagena, tomaban buses para ir por rutas apretadas y seguían las instrucciones hasta encontrar el único juzgado del pueblo, conformado por la secretaria, la escribiente, la señora de servicios generales y él.
El primer matrimonio fue el 28 de octubre de 2013, un día después de su cumpleaños. Ese lunes, García recuerda que llegaron dos parejas de mujeres que, tras un largo viaje, encontraron una oficina pequeña y una torta que las esperaba en medio del escritorio, llevada por él. Una tradición que repetiría cada vez que llegara una pareja del mismo sexo. “Para nadie es un secreto que ir a un juzgado es una cosa súper tediosa. Irónicamente, una de las únicas diligencias bonitas que se puede hacer es un matrimonio, porque es el momento en que dos personas deciden unir sus vidas”, comenta. Una unión que celebraba con más razón porque eran personas que, pese a la persecución y los largos desplazamientos, habían decidido hacerlo.
De esos matrimonios, García guarda muchas historias. Parejas que, cuando casó, no imaginaba que hoy llevarían más de una década juntas y a quienes él mismo les ha escrito para felicitarlas. Recibió parejas como la de Amanda y Amparo, que habían convivido más de treinta años cuando llegaron al juzgado. Una de ellas tenía un cáncer muy agresivo, pocos recursos y un único deseo pendiente. “Poder ver que ella fue muy feliz de decirle ‘sí, quiero’ a la mujer que amó toda su vida fue una experiencia de verdad enternecedora”, recuerda. Amparo falleció en 2015, pero cuando salió la sentencia que permitió el matrimonio igualitario, su pareja le escribió para agradecerle: “Juez, muchas gracias por habernos permitido este sueño”. “Y con eso me quedo”, relata. También recuerda la vez que tuvo que pedir prestada la oficina de un colega en Cartagena porque, justo el día que llegaba una pareja desde Bogotá, el techo del juzgado se había derrumbado. Necesitaba una sala de audiencias y su amigo se la prestó, sin saber exactamente para qué. “Apenas se enteró, casi me excomulga. Me dijo de todo, que cómo era posible que yo había contaminado su juzgado con el matrimonio de dos hombres. Me aguanté como 20 minutos de regaño. Unos regaños que yo pensaba que solo le escuchaba a doña Mirta Elena, mi mamá”, dice entre risas. Esa pareja hoy lleva doce años casada. También recuerda haber casado a un colombiano y un austriaco, uno de ellos profesor en Bogotá y el otro, como lo describe García, “un hombre de ojos azules, rubio, alto. Un portento made in Austria”. Recordaba con humor la escena del extranjero subiéndose a uno de los troncomóviles para llegar hasta San Estanislao. Al final llegaron, se casaron y se convirtieron en una pareja más de la que García se siente orgulloso.
El silencio necesario
Entre 2013 y 2015, García casó 31 parejas del mismo sexo. Llegaban desde todos los rincones del país: Cundinamarca, Valle, Tolima, Huila, dispuestas a recorrer lo que fuera para encontrar a ese pequeño juzgado en Bolívar. Recuerda haber casado más mujeres que hombres, y que la mayoría llegaba con años, a veces décadas, de convivencia a cuestas. Y aunque hizo todo eso, era una historia que no podía contar. Mientras sus colegas ocupaban titulares y eran reconocidos como los primeros jueces en casar parejas del mismo sexo, él permanecía en silencio. Si la historia se volvía noticia, identificarían el juzgado, irían contra los matrimonios que había celebrado y contra él. Sus colegas le recordaban que entre todos esos reconocimientos faltaba su nombre, pero él siempre respondía lo mismo: “si yo salgo en esa historia, se acaba la única plaza”.
“Ahí me di cuenta que las pequeñas revoluciones también importan en el derecho. Yo no necesitaba hacer un gran activismo o estar en una marcha, aunque no niego que también es importante marchar en algunas ocasiones. Pero podía ser una revolución muy silenciosa, y lo logré. Siento que hice un buen trabajo. Años después me enteré de que parte de lo que movió la balanza entre los magistrados [de la Corte Constitucional] fue saber que había un juez más, distinto a los que habían acudido a la audiencia, como el doctor Cerón, González, como la doctora Garay, que había casado parejas sin ningún problema”, sostiene. Y, justo como lo temía, así terminó su “Operación Macondo”. Asegura que cuando la Revista Semana publicó la primera nota sobre su labor, empezó la persecución. “A mí también me presentaron denuncia disciplinaria. ¿Qué hubiera pasado si la mayoría de la Corte hubiera votado de otra forma? Me hubiera tenido que presentar a la Fiscalía como el prevaricador más grande de Colombia, porque ya había casado 31 parejas”, dice. La absolución llegó en 2019, cuando la Comisión de Disciplina archivó la queja. Recuerda haber sentido una lucha interna entre la intimidación y el alivio de haberle abierto las puertas de la justicia a personas que nunca antes habían tenido esa oportunidad. “Yo creo que cada que la oficina de registro iba a registrar un matrimonio, dirían: otra vez a Estanislao. ¿Qué tiene San Estanislao que no tiene otro pueblo? Lo que tenía era un juez progresista, así de simple”, comenta.
El último matrimonio y el legado
Su último matrimonio lo hizo con miedo. Ya tenía los ojos encima y temía que llegaran a interrumpir la ceremonia, así que recuerda haberlo realizado a toda velocidad, como quien lee los términos y condiciones de un producto, para terminar cuanto antes y que quedara formalizado. Fue el 10 de diciembre de 2015, una fecha que no escogió al azar: ese mismo día celebraba 11 años de haberse graduado como abogado de la Universidad de Cartagena. Fue la despedida de los matrimonios igualitarios y del municipio.
Curiosamente, García hoy se desempeña como juez de familia en Cartagena y ya no oficia matrimonios, sino divorcios. Y justo en este momento de su vida recuerda una advertencia que siempre le hacía a las parejas que casó. “Ustedes se pueden pelear y todo lo que quieran, pero no se les ocurra llevarme su demanda de divorcio a mi juzgado, porque tanto nos costó poderlos casar”, narra. Diez años después, sigue invicto. Ninguna de esas parejas ha llegado a su despacho a divorciarse. Y eso, dice, lo tiene muy feliz.
El juez habla con la certeza de quien sabe que el tiempo le dio la razón. Dice que tiene la conciencia tranquila y que, si le preguntaran a su versión más joven, esa que apenas estaba eligiendo una carrera profesional, si volvería a dar los mismos pasos, respondería que sí. De hecho lo haría con más convicción, porque ya sabría cómo termina la historia. “La historia concluye con que la Corte Constitucional nos da la razón. Yo estaba poniendo en juego mi propia carrera, me la aposté el todo por el todo. Y cuando te dicen que la tuya fue la interpretación correcta de la Constitución, pues es un orgullo que no puede pasar desapercibido”, concluye. Recuerda sus clases de derecho en la universidad, cuando le enseñaron el matrimonio desde Roma, el Código de Napoleón o cómo lo adaptó Andrés Bello en el siglo XIX. “Pero poder decir que ayudaste a cambiar la historia del matrimonio en Colombia en el siglo XXI, no todo el mundo lo puede decir. Lo podemos decir cuatro jueces”. Y analiza la necesidad de empezar a mirar otras regiones que tienen la capacidad de hacer cambios. “Normalmente el grueso del activismo viene de Bogotá, de Medellín, de Cali. Pero también podemos hacerlo desde uno de los pueblos más ignorados de Bolívar”, dice García.
