Las víctimas del caso por el homicidio de Jaime Esteban Moreno han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que los dos jóvenes procesados por este crimen recuperen su libertad debido al vencimiento de términos. Los aplazamientos y retrasos en el proceso judicial han generado esta alerta, según informó el abogado de la familia, Francisco Bernate.
Abogado califica la situación como lamentable
Francisco Bernate calificó la situación como “lamentable, preocupante y desafortunada”, al considerar que es “casi que un hecho” que los acusados queden en libertad mientras avanza el juicio. Según explicó el jurista, la legislación establece un plazo máximo de 120 días entre la radicación del escrito de acusación y el inicio del juicio oral.
Retrasos en el proceso judicial
Bernate indicó que, aunque varias solicitudes de aplazamiento presentadas por la defensa no cuentan dentro del término legal, posteriormente el proceso fue remitido a un juzgado de descongestión justo cuando iba a iniciar la audiencia preparatoria, lo que impidió avanzar con la diligencia. Además, en ese despacho judicial se informó que no era posible atender el caso por compromisos del juez, lo que llevó a fijar nuevas fechas para el 9 y 23 de junio.
Fiscalía llama a juicio a los acusados
La Fiscalía llamó a juicio a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por su presunta participación en la golpiza que causó la muerte del estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes. El ente acusador formuló cargos por homicidio agravado, considerando que existen suficientes elementos probatorios sobre la presunta responsabilidad de ambos en los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.
Detalles del crimen
De acuerdo con la investigación, el caso se originó tras una discusión en la discoteca Before Club. Posteriormente, los hoy procesados habrían abordado nuevamente a la víctima en una vía solitaria. En el escrito de acusación, la Fiscalía sostuvo que Suárez Ortiz y González Castro actuaron de común acuerdo y bajo la influencia de Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, quien, según el ente acusador, insistía en que debían “darle golpes y acabarlo” a Jaime Esteban Moreno.
