El Consejo de Estado ha dejado en suspenso el decreto 0182 de 2026, una norma del gobierno de Gustavo Petro que buscaba rediseñar el mapa del sistema de salud en Colombia. La decisión, adoptada como medida cautelar por la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, frena temporalmente una reforma que pretendía territorializar la prestación del servicio y redefinir qué EPS podían operar en cada municipio del país.
Impacto en los usuarios
Según el alto tribunal, el decreto tenía un alto impacto sobre los derechos de los usuarios, superior al beneficio que pretendía obtener. La medida habría implicado el traslado forzoso de más de seis millones de afiliados, y habría concentrado casi la mitad de los usuarios en unas pocas EPS, lo que generaba riesgos para la continuidad y calidad de la atención.
Detalles de la suspensión
La magistrada Peña Garzón consideró que la norma, expedida por el Ministerio de Salud, no justificaba adecuadamente la necesidad de reasignar a los usuarios ni evaluaba las consecuencias negativas para la población. La suspensión cautelar se mantendrá mientras se estudia el fondo del asunto, en una demanda que alega vicios de forma y fondo en la expedición del decreto.
La decisión del Consejo de Estado representa un revés para la reforma a la salud impulsada por el gobierno Petro, que ha buscado transformar el sistema para darle mayor protagonismo al Estado. No obstante, la medida es provisional y el debate de fondo continuará en los próximos meses.
Expertos en derecho sanitario han señalado que la suspensión evidencia la necesidad de un mayor diálogo y consenso en la implementación de cambios estructurales en el sistema de salud, que afectan directamente a millones de colombianos.
