El Tribunal Superior de Bucaramanga absolvió a un ciudadano venezolano acusado de fraude judicial, estableciendo un precedente clave: para expulsar a un extranjero ilegal no basta con un decreto, sino que Migración Colombia debe escoltarlo hasta la frontera. El fallo, emitido en diciembre por la magistrada Paola Raquel Álvarez Medina, dejó sin efecto una condena previamente acordada.
Detalles del caso
José Argenis Bastida Laya, el ciudadano venezolano, fue detenido en el centro de Bucaramanga en 2025 por la Policía, que verificó en el sistema de Migración Colombia una resolución de expulsión vigente desde 2022. La expulsión tenía una duración de cinco años, permitiendo su regreso solo en 2027. Sin embargo, Bastida Laya permaneció en el país. La Fiscalía lo acusó de fraude a resolución judicial, y en un preacuerdo, el venezolano aceptó una condena de siete meses.
¿Por qué el Tribunal absolvió al extranjero?
El tribunal determinó que no se demostró que Bastida Laya hubiera reingresado fraudulentamente a Colombia. La Fiscalía argumentó que bastaba con probar que no tenía visa ni autorización, pero el tribunal exigió evidencia de que el extranjero fue escoltado hasta la frontera y colocado fuera del territorio nacional, algo que no se acreditó documentalmente. "No se evidencia una maniobra fraudulenta o engañosa tendiente a incumplir o evadir el cumplimiento de dicha resolución", señaló la magistrada.
El precedente del fallo
El alto tribunal destacó que la Fiscalía presentó anotaciones de investigaciones penales entre 2022 y 2024 para demostrar que el procesado continuaba en el país, pero estas solo indicaban que las autoridades tenían conocimiento de su presencia, no que hubiera reingresado de forma fraudulenta. "No se acreditó que ello obedeciera a un reingreso fraudulento al país después de haber sido efectivamente expulsado, ni que el procesado hubiera empleado medios engañosos", concluyó el tribunal.
El fallo subraya que la expulsión debe ser materializada mediante el acompañamiento físico hasta la frontera. Según datos oficiales, cada tres días, en promedio, las autoridades expulsan a un migrante de Bucaramanga, principalmente por antecedentes policiales y problemas de convivencia.
