Una propuesta del superintendente de Salud, Daniel Quintero, para girar recursos directamente a las familias cuando enfrenten fallas en la entrega de medicamentos por parte de las EPS abrió un nuevo frente de discusión sobre los mecanismos de respuesta del sistema y sus límites legales, operativos y financieros.
Origen de la propuesta
La idea, planteada como un mecanismo de emergencia, surgió tras un caso concreto: el de una niña de 12 años que no recibió a tiempo su tratamiento inmunosupresor, tacrolimus, necesario para evitar el rechazo de un órgano trasplantado. Según relató el funcionario, tras conocer la situación decidió intervenir de manera directa y giró de su salario $900 mil pesos a la madre de la menor, lo que permitió la compra inmediata del medicamento.
“Proponemos giros directos a las familias cuando no reciban medicamentos. Estos recursos se descontarían a las EPS desde la UPC”, explicó Quintero, quien insistió en que se trataría de una alternativa excepcional para evitar retrasos críticos en la atención, mientras se adelantan investigaciones contra las entidades responsables.
Viabilidad legal y operativa
El planteamiento, sin embargo, no es completamente nuevo dentro del sistema. El exsuperintendente de Salud, Conrado Gómez, advirtió que ya existen mecanismos de reembolso cuando las EPS no garantizan la prestación oportuna de los servicios. “Está previsto el reembolso del costo de los servicios en muchos casos, cuando la EPS no haya hecho la prestación oportunamente, y en muchos casos las cortes han ordenado esos pagos”, señaló.
No obstante, Gómez subrayó diferencias clave. Mientras los reembolsos se realizan después de que el paciente demuestra que pagó el servicio, la propuesta de Quintero no deja claro si se trataría de una financiación previa o de un esquema distinto. “Los reembolsos son lentos y se hacen con posterioridad”, explicó, al tiempo que recordó que estos procesos están regulados y no dependen, en general, de acciones de tutela, sino de la función jurisdiccional de la Superintendencia.
Límites estructurales
La discusión también está atravesada por un límite estructural: la cantidad de recursos que eventualmente podrían girarse a los pacientes no es discrecional, sino que está definida por ley y atada al valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esto implica que cualquier reconocimiento económico se calcula sobre una fracción fija de ese monto anual, lo que en la práctica reduce significativamente el alcance de los giros frente al costo real de muchos tratamientos, especialmente los de alto valor.
El exfuncionario también advirtió sobre implicaciones fiscales y de diseño institucional. Si los recursos provienen de una fuente distinta a la UPC, podría generarse un beneficio indirecto a las EPS al no asumir esos costos, salvo que se les exija la devolución. Y si, por el contrario, se optara por redirigir directamente la UPC a los pacientes, el impacto podría ser negativo.
“Eso sería antieconómico”, afirmó Gómez, al explicar que las EPS compran medicamentos a gran escala y a precios mucho más bajos que los que enfrenta un paciente en una farmacia. A esto se suman los riesgos asociados a tratamientos de alto costo —como en VIH o reumatología— donde se requiere supervisión médica estricta. Incluso alertó sobre la posibilidad de que algunos pacientes vendan los medicamentos y abandonen sus tratamientos.
Críticas desde la perspectiva de los pacientes
Desde la perspectiva de los pacientes, las críticas son aún más contundentes. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, calificó la propuesta como inviable y la tildó de “populismo”. Según explicó, la ley ya contempla que, cuando una EPS no garantiza el servicio, debe reintegrar una porción de la UPC, pero los montos son insuficientes frente a los costos reales de los tratamientos.
“Un paciente con quimioterapia, que puede costar entre dos y cinco millones de pesos, nunca va a recibir ese valor. Recibiría, en el mejor de los casos, 50.000 o 100.000 pesos. ¿Qué resuelve con eso?”, cuestionó.
Silva también descartó la posibilidad de aumentar esos montos mediante decreto, al señalar que la UPC ya está definida para la vigencia de 2026, lo que haría “literalmente imposible” modificar esos topes en el corto plazo. Además, alertó que un esquema de giros directos podría abrir la puerta a la especulación en los precios de medicamentos y a mayores riesgos de corrupción.
Necesidad de hacer cumplir las reglas
Frente a este panorama, el vocero insistió en que la solución no pasa por trasladar recursos a los pacientes, sino por hacer cumplir las reglas existentes. “La Superintendencia tiene funciones claras: inspección, vigilancia y control, no el populismo. Las EPS deben cumplir su mandato y el Gobierno debe financiar adecuadamente el sistema”, afirmó.
Además, advirtió que un cambio de esta naturaleza requeriría modificaciones regulatorias e incluso legales que no están dentro de las competencias del superintendente. A su juicio, la Superintendencia sí tiene margen de acción fortaleciendo el mecanismo de reembolsos, aunque esto implicaría una carga operativa significativa.
