Evaluación crítica del proceso de paz colombiano tras una década
En el contexto del décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, surge una reflexión urgente sobre la efectividad de la justicia transicional implementada. Este análisis se centra en dos componentes clave: las transformaciones estructurales prometidas y el riesgo de un tercer ciclo de violencia, aspectos que definen el futuro de la construcción de paz en el país.
Innovaciones y limitaciones del modelo transicional
El modelo de justicia transicional colombiano introdujo avances significativos, como la Comisión de la Verdad y mecanismos de justicia restaurativa. Sin embargo, desde su concepción, enfrentó una restricción fundamental: la decisión del entonces presidente Juan Manuel Santos de no negociar el modelo económico y productivo del país. Esta limitación resulta crucial en una nación marcada por una desigualdad rural extrema y un sistema agrícola basado en el latifundismo.
Históricamente, las causas estructurales del conflicto armado en Colombia incluyen legados violentos desde La Violencia (1948-1958), desigualdades agrarias profundas, conflictos campesinos en las décadas de 1960 y 1970, y el despojo sistemático de tierras para ganadería y monocultivos. Un acuerdo que evita abordar la distribución de la riqueza y propone una reforma rural débil, basada en la compra estatal de tierras, genera dudas sobre su capacidad para terminar el conflicto, además de fortalecer a grandes propietarios rurales.
Falta de participación territorial y reformas institucionales
Las implicaciones de este diseño se manifiestan en los territorios, donde persisten exclusiones económicas y racismo estructural. La negociación de La Habana se redujo en gran medida a un proceso entre actores armados, marginando la voz directa de las comunidades afectadas. Más allá de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el modelo no logró construir un marco sólido de participación institucional y comunitaria, lo que habría permitido identificar mejor la presencia de grupos criminales y fortalecer estrategias locales.
Al invisibilizar el nivel local, el proceso no delimitó el papel de las instituciones regionales ni evaluó el peso de las élites legales e ilegales en la transformación social. En Colombia, estos grupos hegemónicos suelen obstaculizar cambios, un factor que el modelo transicional ignoró. Además, no se planteó una reforma estructural del sector defensa, esencial en cualquier proceso de justicia transicional, lo que se evidencia en respuestas represivas como durante el estallido social de 2021.
Consecuencias visibles y riesgos futuros
La interacción entre élites regionales, debilidad institucional y ausencia de reformas en seguridad y política criminal tiene efectos tangibles: gobernanzas criminales locales, expansión de cultivos de coca y economías ilegales en zonas fronterizas. Estos factores se superponen y retroalimentan, afectando las etapas de consolidación y estabilización de la paz. A nivel internacional, el proceso colombiano se presenta como un paradigma exitoso, pero este enfoque reduce el conflicto a una relación binaria entre víctimas y victimarios, mediada por marcos normativos globales cuestionados.
El modelo transicional aplicado forma parte de una industria global de pacificación, que en muchos casos lleva a nuevos ciclos de violencia o profundiza desigualdades. Para futuras negociaciones en Colombia, es crucial incorporar aspectos redistributivos, no solo en acceso a la tierra, sino en reducción de brechas económicas y sociales. También se debe considerar el peso institucional y criminal de las regiones, junto con reformas profundas en seguridad y política criminal. Solo así se podrá reducir la probabilidad de que el conflicto resurja en su dimensión más belicosa.
