Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), respondió al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario criticara el enfoque de los negociadores de la 'paz total'. Petro había afirmado que se equivocaban al dar estatus político a organizaciones criminales que ya no actúan como guerrillas. Sin embargo, Novoa sostuvo que los diálogos se enmarcan en la Ley 2272 de 2022, que establece procesos políticos con grupos armados al margen de la ley. "No creemos haber incurrido en error", declaró Novoa, quien además destacó que la ley también reconoce la compleja realidad de estos grupos, que combinan economías ilícitas con control territorial.
Defensa de los avances logrados
Novoa recordó que la CNEB mantiene una gobernanza armada en regiones como Nariño y Putumayo, donde suplanta al Estado en funciones de justicia y seguridad. Pese a las críticas, señaló que se han logrado avances significativos, como la destrucción de cerca de 15 toneladas de material explosivo en octubre de 2025, con presencia del presidente Petro. Además, según estadísticas de la Policía Nacional, se ha reducido la tasa de homicidios en el Pacífico nariñense y en el Bajo y Medio Putumayo. "Nuestra delegación ha logrado avances que deben conocerse, en medio de críticas tendenciosas", afirmó Novoa.
Crisis y continuidad del proceso
A pesar de contratiempos como el asesinato de tres soldados, que llevó a declarar la mesa en estado crítico, las delegaciones culminaron el séptimo ciclo de diálogos y anunciaron el octavo para la primera semana de junio. El objetivo es consolidar la primera Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamez, donde inicialmente ingresarían 100 integrantes de la CNEB. Novoa reiteró que el marco legal respalda el carácter político de las negociaciones y que no se ha incurrido en error.
