La Corte Suprema de Justicia respondió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro y negó que su pronunciamiento sobre la regulación agraria busque frenar la reforma agraria impulsada por el Gobierno. El alto tribunal aclaró que no ha puesto en duda las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para adjudicar predios, pero insistió en la necesidad de establecer controles judiciales claros sobre decisiones que afectan derechos de propiedad rural.
La respuesta de la Corte se produjo luego de que, durante un acto en Cubará (Boyacá) por el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en el caso del pueblo indígena u’wa, Petro criticara un reciente pronunciamiento judicial sobre tierras baldías y asegurara que la decisión limitaba el alcance de la reforma agraria. El mandatario incluso pidió una revisión ante la Corte Constitucional.
Comunicado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural
En un comunicado, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural explicó que sus observaciones fueron presentadas el 13 de mayo durante una sesión plenaria de la Cámara de Representantes, en la que participó como invitada para discutir el proyecto de ley que define las competencias de la jurisdicción agraria y establece el procedimiento especial para resolver disputas sobre tierras.
La corporación enfatizó que nunca ha objetado la función de la ANT para entregar tierras. “La adjudicación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras no ha sido cuestionada, de manera alguna, por esta Corte”, señaló el alto tribunal.
Preocupación por procedimientos posteriores
Según explicó, su preocupación no está en la entrega de predios, sino en procedimientos posteriores como la recuperación de baldíos ocupados irregularmente, la revocatoria de adjudicaciones, la reversión de tierras entregadas por el Estado o la declaratoria de caducidad administrativa.
Para la Corte, esos procesos no pueden quedar únicamente en manos de autoridades administrativas, aun cuando inicien en la ANT, pues pueden afectar derechos adquiridos y situaciones jurídicas ya consolidadas. “Se trata de actuaciones que, por su naturaleza y efectos, inciden de manera directa y definitiva en derechos subjetivos”, indicó la corporación, al advertir que esos casos requieren un control judicial “pleno, oportuno y especializado”.
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