La defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió un pronunciamiento crítico respecto a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), un mecanismo que permite suspender la captura de miembros de grupos armados que participan en procesos de paz avanzados. Aunque reconoció la facultad institucional del presidente Gustavo Petro, subrayó que esta no es absoluta y debe estar sujeta a controles, motivaciones claras y garantías para las víctimas.
Requisitos para las ZUT
Según la Defensora, el Gobierno debe ofrecer una motivación suficiente sobre la delimitación temporal, territorial y personal de las ZUT, así como mecanismos efectivos de control y verificación. Además, solo pueden establecerse en un estado avanzado del proceso de paz, entendido como aquel en el que sea viable el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil de los miembros del grupo armado.
Críticas al modelo de paz total
Marín señaló que, bajo el modelo de paz total, el Gobierno no solo debe medir la posibilidad de un desarme, sino que debe existir evidencia clara de un desescalamiento de la violencia en las zonas más afectadas. La entidad advirtió que, hasta la fecha, no hay una verificación exacta que permita concluir avances en negociaciones con estructuras como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Clan del Golfo, Comuneros del Sur y el EMBF.
Riesgos identificados
El documento identifica cuatro riesgos principales frente a las ZUT y los integrantes que hacen presencia en regiones históricamente afectadas como Tibú (Norte de Santander) o zonas con deterioro reciente del orden público como Mallama (Nariño). Se alerta sobre posibles afectaciones a los derechos humanos de las comunidades raizales asentadas en estas zonas, y se insiste en la necesidad de una consulta previa, priorizando garantías y no simples requisitos formales.
Exigencias al Gobierno
La Defensoría pidió a la nación sustentar todas las decisiones tomadas frente a las ZUT y adoptar medidas para identificar riesgos antes de confirmar los traslados y concentraciones de integrantes de grupos armados. En sus conclusiones, la defensora instó al presidente a motivar adecuadamente sus decisiones y mitigar los riesgos antes de avanzar. “La construcción de paz exige decisiones excepcionales sometidas al Estado de Derecho, controles institucionales efectivos y garantías calificables para la población civil”, afirmó.
