La justicia colombiana dio un paso clave en la restitución de tierras y la reforma agraria en la región del Cesar, al reactivar el proceso de recuperación de más de 1.500 hectáreas en la Hacienda Bellacruz, uno de los casos más representativos de despojo de tierras en Colombia.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que levantó el bloqueo judicial que durante años frenó la actuación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la cual ahora entrará de manera administrativa a tomar el bien, para luego entregarlo a comunidades campesinas.
El fallo se produce en cumplimiento de una orden impartida por la Corte Constitucional, hace casi una década, y reabre el camino para que decenas de familias campesinas puedan recuperar territorios que, según el tribunal, corresponden a baldíos de la Nación y que permanecían ocupados de manera irregular desde hace décadas.
Esperanza para las comunidades campesinas
“Levantar esta medida cautelar es devolverles la esperanza a comunidades que durante décadas han esperado regresar a sus tierras. Hoy se reactiva el proceso sobre la Hacienda Bellacruz y se abre el camino para que estos predios cumplan por fin su función social”, afirmó Felipe Harman, director de la ANT.
El caso de la Hacienda Bellacruz se remonta a 1986, cuando cerca de 170 familias campesinas sin tierra, organizadas bajo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), ocuparon terrenos que consideraban baldíos nacionales, reclamando acceso a la tierra como parte de las históricas luchas campesinas en el departamento del Cesar.
Sin embargo, esos predios fueron reclamados como propiedad privada por la familia Marulanda Ramírez, herederos de Alberto Marulanda Grillo, quien consolidó grandes extensiones de tierra en esa región, en medio de controversias jurídicas y denuncias de comunidades sobre presuntas apropiaciones indebidas de terrenos baldíos.
La disputa agraria y la función social de la tierra
De acuerdo con la ANT, la disputa agraria gira en torno a extensas áreas que habrían permanecido como baldíos de la Nación dentro de la Hacienda Bellacruz, un punto central para el proceso de recuperación y posterior adjudicación a campesinos víctimas de despojo.
“La decisión del Tribunal ratifica que la tierra debe cumplir una función social y que el Estado tiene la obligación de garantizar derechos históricos de comunidades campesinas que han resistido durante décadas”, señaló la ANT en un comunicado a prensa.
El conflicto se agudizó con desalojos violentos contra los campesinos que reclamaban estos terrenos. Según los testimonios recogidos en el expediente, los operativos incluyeron acciones armadas, destrucción de bienes y detenciones, en medio de la disputa por el control de la tierra.
“Tenían un grupo grande de celadores armados, acompañados de Ejército y Policía; nos desalojaban, rompían las ollas, quemaban los toldos y destruían los mercados”, recordó Benjamín Gómez, uno de los campesinos que vivió esos hechos.
Un nuevo camino hacia la justicia
El Tribunal Superior de Cúcuta fue enfático al señalar que no existían razones suficientes para mantener suspendido el proceso de recuperación de baldíos, especialmente cuando la medida cautelar venía aplazando la garantía de derechos fundamentales de comunidades afectadas por el conflicto armado.
Con esta decisión, el proceso de recuperación de la Hacienda Bellacruz vuelve a ponerse en marcha y abre una nueva esperanza para familias campesinas que, después de casi cuatro décadas de procesos judiciales, resistencia y espera, buscan que la tierra vuelva a ser sinónimo de justicia y producción de alimentos.
Cabe aclarar que todavía resta resolver un proceso de restitución de tierras que cursa sobre el predio, por lo cual la adjudicación total está suspendida hasta tanto esté saneado judicialmente el predio. No obstante, ya no estará en manos de particulares y pasará a la administración del Estado.
