JEP imputa a 22 exintegrantes de las FARC-EP por 1.637 hechos de privación de la libertad
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso crucial en la búsqueda de justicia transicional al imputar formalmente a 22 exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) por 1.637 hechos de privación de la libertad. Esta decisión se enmarca dentro del Caso 01, que investiga específicamente la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas durante el conflicto armado.
Detalles de la imputación y alcance de los cargos
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP señaló a 15 exmandos del Bloque Oriental y a siete del Bloque Sur de las FARC-EP. La imputación no se limita únicamente a la retención de personas, sino que abarca una amplia gama de conductas cometidas durante el cautiverio y hechos conexos, clasificados como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
- Entre los delitos imputados se incluyen: toma de rehenes, homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual, desaparición forzada, esclavitud y desplazamiento forzado.
- Los hechos ocurrieron en diversas zonas del país, vinculadas directamente a la operación de estos dos bloques guerrilleros.
El Caso 01: enfoque en responsabilidades de mando
El Caso 01 se concentra en la "toma de rehenes" y "graves privaciones de la libertad", junto con crímenes concurrentes. En esta fase, la JEP analiza patrones sistemáticos para comprender los motivos detrás de los secuestros, la toma de decisiones, la cadena de mando y el tratamiento de las víctimas durante la retención.
La Sala de Reconocimiento evalúa específicamente las responsabilidades de mando, determinando si quienes tenían capacidad de decisión y control dieron órdenes, permitieron prácticas abusivas o no evitaron violaciones bajo su autoridad. Por lo tanto, la imputación se dirige principalmente a mandos, no solo a autores materiales.
Próximos pasos y opciones para los comparecientes
Con esta imputación formal, los 22 comparecientes enfrentan una decisión procesal crítica: tienen 30 días hábiles para aceptar o no los hechos y responsabilidades atribuidos.
- Si aceptan, el caso avanzará por la ruta de reconocimiento, que incluye etapas públicas y un posterior traslado al Tribunal para la Paz para la definición de sentencias y sanciones dentro del sistema transicional.
- Si no aceptan, el expediente podría pasar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para un trámite de carácter adversarial, prolongando el proceso judicial.
Participación de las víctimas y esclarecimiento de hechos
La imputación también activa la participación de las víctimas acreditadas, quienes, junto con el Ministerio Público, pueden presentar observaciones dentro del mismo plazo de 30 días hábiles. Este espacio permite precisar hechos, insistir en responsabilidades, señalar vacíos y solicitar medidas de esclarecimiento.
Además, la Sala de Reconocimiento ha solicitado información sobre 185 casos de personas desaparecidas asociadas al cautiverio en estos bloques, buscando esclarecer el paradero de quienes aún no han sido localizadas.
Impacto y seguimiento del proceso
El cumplimiento del plazo de 30 días hábiles marcará el rumbo del caso: hacia un reconocimiento de responsabilidad y sentencia en el Tribunal para la Paz, o hacia un traslado a la UIA en caso de no aceptación. Este paso representa una transición clave desde la etapa de atribución formal hacia una fase decisiva donde se determinará la verdad judicial y las sanciones exigibles.
La JEP continúa su labor en la implementación del acuerdo de paz, priorizando la justicia restaurativa y el derecho de las víctimas a la verdad, contribuyendo así a la reconciliación nacional en Colombia.
