Una veintena de exmilitares entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaraciones en las que describen un presunto plan para encubrir el asesinato del comunero indígena Edwin Legarda Vásquez, esposo de la lideresa nasa y actual candidata a la Vicepresidencia, Aida Quilcué. El crimen ocurrió el 16 de diciembre de 2008 en el Cauca.
Detalles del asesinato
Pasadas las 5:00 de la mañana del 16 de diciembre de 2008, Edwin Legarda se desplazaba por la carretera que conecta el municipio de Inzá con Popayán, a la altura del corregimiento Gabriel López, cuando un retén del Séptimo Pelotón del Batallón de Infantería José Hilario López disparó contra el vehículo en el que se movilizaba. Según el expediente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Legarda iba a recoger a su esposa, quien regresaba de Ginebra (Suiza), tras participar en el examen periódico de la ONU sobre Colombia. La camioneta del CRIC, en la que también viajaba la coordinadora del Hospital de Inzá, Liliana Valdés Penna, recibió 17 disparos. En el lugar fueron halladas 105 vainillas de fusil. El reporte oficial inicial presentó a Legarda como integrante de un grupo armado dado de baja en combate, versión que fue desvirtuada en 2010 por el Juzgado Segundo Especializado de Popayán, que condenó a seis soldados a 40 años de prisión por homicidio en persona protegida.
El plan descrito por los militares ante la JEP
De acuerdo con la investigación de Señal Investigativa y Revista Raya, los uniformados aseguraron que actuaron bajo directrices del abogado Luis Hernando Castellanos, asignado al caso por la cúpula militar de la época, encabezada por el general Freddy Padilla de León, entonces comandante general de las Fuerzas Militares. El alto oficial figura entre los mandos llamados por la JEP a rendir versión libre dentro del Caso 03, conocido como el de los falsos positivos. La estrategia habría tenido como pieza central a una supuesta testigo identificada como Giomar Patricia Riveros, quien intentó vincular a Quilcué con el asesinato de su esposo. Según las declaraciones, Riveros habría sido favorecida por una alianza entre el entonces director del Hospital Militar Central, el general Ricardo Gómez Nieto, y el procurador delegado de la época, Gabriel Ramón Jaimes, posteriormente fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en el caso del expresidente Uribe. La investigación señala que Gómez Nieto habría contratado a la testigo en el Hospital Militar con un aval expedido por Jaimes, pese a que la mujer estaba inhabilitada. A las versiones se suma otro elemento clave: los militares afirmaron que, la madrugada del crimen, dos informantes encapuchados estuvieron presentes en la escena, verificaron la interceptación del vehículo y, tras el homicidio, desaparecieron del lugar.
Respuesta del abogado y avance del caso en la JEP
Castellanos fue contactado por Señal Investigativa y negó todos los señalamientos formulados por los militares ante la JEP. El programa también precisó que el jurista ha representado a varios mandos involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. El proceso ante la JEP avanza desde noviembre de 2022, cuando la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó el sometimiento de 33 militares vinculados al homicidio. “El homicidio en contra del señor José Edwin Legarda Vásquez se encuadra en los supuestos de las ejecuciones extrajudiciales, toda vez que se presentó como una operación militar en apariencia legítima”, consignó la Sala en su resolución, según El Espectador. El expediente fue remitido al Caso 03, que prioriza las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
El reclamo de la familia: verdad y justicia
En septiembre de 2020, durante la entrega de la caracterización del daño colectivo ante la JEP y la Comisión de la Verdad, la hija de la pareja, Alejandra Legarda Quilcué, expresó: “Conozco bien que los militares que asesinaron a mi padre están en libertad condicional sin ni siquiera haber esclarecido la verdad. Es algo que, de todo corazón, exijo tanto a la JEP como a las otras instituciones: que tomen cartas en el asunto. No es posible que hablemos de paz sin conocer la verdad”. Las nuevas declaraciones podrían aportar elementos clave para establecer si existió una estrategia más amplia dirigida contra Quilcué y el movimiento indígena que representaba, un aspecto que ahora deberá ser evaluado por la JEP en el marco de su mandato.
