Procuraduría rechaza uso de niños Emberá en protestas en Bogotá
Un nuevo llamado de alerta encendió el debate sobre las protestas indígenas en Bogotá. La Procuraduría General de la Nación rechazó el presunto uso de niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá Katío en las movilizaciones realizadas el pasado 29 de abril en la capital.
El pronunciamiento lo hizo el procurador Gregorio Eljach, quien calificó estos hechos como inaceptables y advirtió sobre la posible vulneración de los derechos de los menores involucrados.
Pedido urgente a la Fiscalía
El Procurador General, Gregorio Eljach, pidió a la Fiscalía General de la Nación máxima celeridad en las investigaciones por el presunto uso e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá en las protestas del 29 de abril en Bogotá.
El objetivo, según el ente de control, es esclarecer si hubo responsabilidades en la exposición de menores a escenarios de riesgo durante las manifestaciones.
La Procuraduría advirtió que la presencia de menores en este tipo de escenarios no solo genera riesgos físicos, sino que también puede constituir una vulneración grave de sus derechos fundamentales.
El organismo insistió en que ninguna causa social o política puede justificar la participación de niños en contextos de confrontación o protesta, especialmente cuando su integridad puede verse comprometida.
Menores de pueblos étnicos en Bogotá
El contexto en Bogotá evidencia que la situación de los menores indígenas, especialmente de la comunidad Emberá, es estructural. Según datos del Distrito, en la ciudad han llegado a concentrarse más de 2.100 personas Emberá, de las cuales cerca del 50 % son niños, niñas y adolescentes.
En episodios recientes, como el asentamiento en el Parque Nacional en 2025, se reportó la presencia de más de 500 indígenas, incluidos al menos 220 menores, expuestos a condiciones de riesgo en espacio público. Informes del Concejo incluso han advertido que estos niños han enfrentado escenarios de vulnerabilidad extrema, desde condiciones precarias de vida hasta riesgos de violencia y explotación.
La Procuraduría General de la Nación continuará vigilante para que se individualice a los responsables y se garantice la protección integral de los menores de edad en el marco de las movilizaciones sociales.
