La Contraloría General de la República emitió una grave advertencia sobre las fallas del Estado colombiano en la prevención del reclutamiento forzado y la protección de niños, niñas y adolescentes. Un estudio del órgano de control, presentado este martes en Bogotá por el contralor Carlos Hernán Rodríguez, reveló debilidades institucionales, recortes presupuestales y problemas operativos en programas clave de atención infantil.
Reducción drástica de recursos en la CIPRUNNA
El informe señala que la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) sufrió una reducción presupuestal del 83,8% para el periodo 2024-2026. Los recursos asignados pasaron de más de 12.891 millones de pesos en el periodo 2019-2023 a apenas 1.810 millones para 2024-2026. Según la Contraloría, esta disminución limita gravemente la capacidad del Estado para prevenir el reclutamiento y proteger a la niñez en los territorios más vulnerables.
El estudio, denominado “Desafíos Institucionales y Fiscales de la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en Colombia”, también cuestionó la baja ejecución presupuestal de la comisión. Entre 2019 y 2023, aunque se asignaron 12.891 millones de pesos, solo se ejecutaron 9.216 millones, dejando sin utilizar cerca de 3.675 millones de pesos. “Este comportamiento evidencia que el problema, además de ser de reducción de recursos, es también de capacidad institucional para transformar el presupuesto en resultados efectivos”, advirtió la Contraloría.
Problemas en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD)
Las alertas también alcanzan al PARD. Durante las visitas técnicas realizadas por el ente de control, se detectó que más del 60% de los equipos interdisciplinarios están incompletos, lo que afecta la atención integral a menores víctimas de vulneraciones de derechos. Además, se evidenció una sobrecarga laboral crítica: algunos defensores de familia atienden hasta 120 casos semanales, generando retrasos y decisiones tardías en los procesos de protección.
Fallas en la atención a la primera infancia
En relación con la atención a la primera infancia, la Contraloría identificó “fallas críticas en la detección, seguimiento y cierre de casos de vulneración de derechos”, asociadas a problemas de información, supervisión y articulación institucional. El estudio también reveló una variación preocupante en el número de alertas registradas: mientras en 2022 se reportaron 1.488 casos y en 2024 se contabilizaron 1.458, durante 2023 solo se registró un caso. Para la Contraloría, esta diferencia “evidenciaría posibles limitaciones en la capacidad operativa de la entidad”, especialmente en los mecanismos de reporte y seguimiento de situaciones de riesgo para menores.
Concentración del gasto en zonas urbanas
El informe concluyó que existe una alta concentración del gasto público en zonas urbanas, mientras que las estrategias de fortalecimiento familiar y comunitario en áreas rurales siguen enfrentando problemas de cobertura y financiación. Ante este panorama, la Contraloría hizo un llamado urgente a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a las autoridades territoriales para fortalecer la coordinación institucional. “El deber del Estado es garantizar que cada recurso se traduzca en protección y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes”, concluyó Carlos Hernán Rodríguez.
