La teoría de las ventanas rotas se ha cumplido con total precisión en el caso de Metrolínea. El abandono inicial, ese primer vidrio que no se repuso a tiempo, y la acción delincuencial que no tuvo eco en las autoridades, fue el primero de una cadena de hechos que dio pie a la devastación que ahora presenciamos. Ese deterioro, que comenzó con una puerta de vidrio rota, nos tiene hoy frente a una realidad verdaderamente vergonzosa, con la infraestructura del sistema saqueada y destruida por actos vandálicos que, aún hoy, no tienen una respuesta oportuna y severa.
Ni la empresa, ni los gobiernos municipales y departamental, ni el Área Metropolitana de Bucaramanga, ni el sector privado, ni la ciudadanía se conmueven lo suficiente para revertir esta debacle, propiciada también por la indiferencia que causó ver durante años un sistema en permanente deterioro. Esta historia debería avergonzar principalmente a la clase política local y metropolitana, que tuvo en sus manos la oportunidad de planear, construir y administrar un sistema de transporte masivo que nos pusiera a la altura de las realidades de este siglo, pero la desperdició por completo por causa de la incompetencia, la desidia, la corrupción, entre otros factores que terminaron por hundir el proyecto. Desde su mismo planteamiento en el Conpes que le dio vida, el sistema arrastraba errores enormes que nunca se reconocieron, y mucho menos se solucionaron, como si desde el principio nada hubiera importado en realidad.
Responsabilidad compartida
Pero si la clase política carga con una responsabilidad inmensa, ni el sector privado ni la comunidad pueden pasar de largo en esta historia, pues ninguno de los dos reaccionó nunca en defensa del sistema. No hubo exigencias claras ni oportunas para enmendar lo que estaba pasando; la comunidad se quedó mirando el desmadre con los brazos cruzados, mientras acudía, cada vez en mayor número, a las formas de transporte ilegal que se ofrecían como alternativa, todo lo cual solo hizo que se masificara la economía subterránea en el transporte metropolitano.
El desastre actual
Hoy, 17 años después de su promocionado comienzo, Metrolínea es un desastre. No hay empresas concesionarias de buses, no hay recaudador, apenas unos pocos vehículos oxidados permanecen parqueados como fantasmas. Las estaciones están destruidas y saqueadas; sus estructuras desnudas son monumentos a la negligencia. Y ahora, con total impunidad, lo poco que queda está siendo incinerado ante los ojos de las autoridades y de una ciudadanía que solo atina a mirar estupefacta. Literalmente, solo van quedando cenizas de la gran promesa de futuro en el transporte metropolitano. Ver cómo esos buses arden sin que nadie intervenga es la confirmación de la ventana rota elevada a categoría de espectáculo grotesco, pues, además del hierro y el caucho, lo que el fuego consume son los últimos vestigios de legalidad y esperanza en el transporte masivo local y metropolitano.
Urgencia de acción
La ciudadanía espera, con la vehemencia y la urgencia que la situación reclama, que la Policía y la Fiscalía actúen de inmediato. Es imprescindible la identificación y el procesamiento de los responsables de la quema de estos buses, pues no se trata solo de proteger unos activos que ya están en ruinas, sino de, por fin, demostrar que la destrucción deliberada del patrimonio colectivo tiene consecuencias, que la ciudad sí importa y que los bienes públicos se respetan. Sobre las cenizas de lo que fue la empresa, que es literalmente lo que tenemos ahora, las autoridades municipales y metropolitanas tienen la obligación inexcusable de diseñar un nuevo sistema de transporte masivo antes de que la ciudad y el área metropolitana adopten el transporte pirata como su medio natural de movilización.
No podemos permitir que la ilegalidad se convierta en normalidad por fuerza de la costumbre y la impunidad. Se necesita un proyecto que recupere la esperanza en este campo y que ponga a los ciudadanos y a la economía regional en consonancia con los avances del transporte urbano de este siglo.
