El Gobierno de Venezuela salió este lunes a defender la deportación hacia Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, señalado durante años por Washington como presunto testaferro de Nicolás Maduro, y sostuvo que la medida respondió exclusivamente a “los intereses nacionales” y al estatus migratorio del exfuncionario chavista.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que la decisión fue tomada bajo criterios administrativos y afirmó que Saab “es un ciudadano de origen colombiano”, pese a que durante años el oficialismo venezolano lo presentó como diplomático y funcionario del Ejecutivo. “Cualquier decisión que asuma el Gobierno nacional lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela (...) no hay otra consideración”, expresó Rodríguez durante una transmisión del canal estatal VTV.
Giro en el discurso oficial
La declaración marca un giro en el discurso oficial sobre Saab, quien en diciembre de 2023 fue recibido en Caracas como una figura cercana al poder tras ser liberado por Estados Unidos en medio de un intercambio de prisioneros entre Washington y Venezuela. En aquel momento, el Gobierno celebró públicamente su regreso y lo incorporó nuevamente a actividades oficiales.
Ahora, las autoridades venezolanas sostienen que su expulsión hacia territorio estadounidense se enmarca en procedimientos migratorios y judiciales vinculados con investigaciones internacionales por lavado de dinero y otros delitos financieros. Rodríguez señaló que la deportación fue “una medida administrativa (...) justificada en los intereses nacionales”.
El argumento sobre la nacionalidad
Horas antes de las declaraciones de Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, había insistido en que Saab no posee nacionalidad venezolana y afirmó que no existe documentación válida que lo acredite como ciudadano del país.
“Cuando se le preguntó el número de cédula dijo: ‘no me acuerdo’ (...) y a raíz de eso, bueno, una cantidad de fraudes al Estado venezolano están siendo igualmente investigados y cuando hablo de fraudes, hablo de fraudes de todo tipo”, declaró Cabello durante la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El dirigente chavista explicó que la deportación se ejecutó tomando en cuenta las investigaciones abiertas contra Saab en Estados Unidos por presunto lavado de dinero. También sostuvo que el procedimiento se apoyó en el artículo 271 de la Constitución venezolana, el cual establece que “en ningún caso podrá ser negada la deportación de extranjeros responsables de delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos”.
Cabello reiteró varias veces que Saab “no es venezolano” y sostuvo que las autoridades actuaron conforme a las obligaciones legales del Estado. “Nosotros hicimos lo que nos corresponde (...) no hay ningún documento que sustente que sea venezolano”, afirmó.
Las declaraciones llegan después de que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunciara oficialmente la deportación del empresario colombiano el pasado viernes. En un comunicado, el organismo indicó que Saab fue entregado a Estados Unidos debido a que estaba “incurso en la comisión de diversos delitos” en ese país.
El cambio de postura del oficialismo
El caso ha generado atención política debido a la posición que el chavismo mantuvo durante años respecto a Saab. Desde su detención en Cabo Verde en 2020 y posterior extradición a Estados Unidos en 2021, el Gobierno venezolano impulsó campañas internacionales para exigir su liberación y lo calificó como “enviado especial” de Venezuela.
En diciembre de 2023, Saab regresó a Caracas tras ser beneficiado por un indulto otorgado por Estados Unidos dentro de un acuerdo diplomático que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. A su llegada fue recibido por Nicolás Maduro y posteriormente ocupó cargos dentro de la administración venezolana.
La nueva postura oficial, centrada en desconocer su nacionalidad venezolana, ha abierto cuestionamientos dentro y fuera del país sobre el cambio de criterio de las autoridades. Medios internacionales señalaron que dirigentes chavistas ahora aseguran que la documentación venezolana obtenida por Saab habría sido irregular.
Saab, empresario nacido en Barranquilla, enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con presuntas operaciones de lavado de dinero y contratos estatales vinculados al Gobierno venezolano. Este lunes compareció ante un tribunal federal en Miami tras su deportación desde Caracas.
Investigaciones y tensión política
Durante su intervención, Cabello también afirmó que organismos de inteligencia estadounidenses y abogados vinculados al empresario señalaron presuntos incumplimientos de acuerdos previos por parte de Saab, aunque no ofreció mayores detalles.
El funcionario sostuvo que, además de las investigaciones internacionales, las autoridades venezolanas mantienen indagaciones internas por supuestos fraudes cometidos contra el Estado. Sin embargo, no precisó si existen procesos judiciales abiertos en Venezuela relacionados con esos señalamientos.
La deportación de Saab se produjo días después de reportes sobre su traslado bajo custodia desde Caracas hacia Miami, donde fue escoltado por agentes federales estadounidenses. Diversos medios internacionales indicaron que el empresario volvió a quedar bajo control judicial norteamericano luego de haber sido liberado en 2023.
El caso vuelve a colocar a Saab en el centro de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, después de años en los que su situación fue utilizada por el oficialismo venezolano como símbolo de confrontación diplomática con Washington.
