La Convención Nacional Campesina (CNC) ha emitido un pronunciamiento dirigido al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional, expresando su profunda preocupación por los recientes debates en materia jurídica y legislativa sobre la Jurisdicción Agraria y Rural. La organización campesina ha fijado su postura frente a las propuestas que buscan modificar el manejo institucional de la tierra en Colombia.
Advertencias sobre los cambios propuestos
La CNC señaló que las iniciativas orientadas a trasladar de manera exclusiva a los jueces las funciones relacionadas con la administración, clarificación, recuperación y adjudicación de baldíos implican un retroceso significativo para la Reforma Rural Integral. Actualmente, estas competencias pertenecen a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que el colectivo reconoce como la autoridad administrativa central en esta materia.
El pronunciamiento expone que una redistribución de funciones hacia el aparato judicial tendría efectos negativos sobre la dinámica de los procesos de formalización de la propiedad rural. Según la organización, este tipo de modificaciones incrementaría las cargas administrativas y ampliaría las barreras burocráticas para el acceso a la tierra. También plantea que la intervención exclusiva de jueces podría distanciar la resolución de conflictos de las condiciones específicas de los territorios, donde el conocimiento local y la capacidad de gestión directa son fundamentales.
Defensa de la Agencia Nacional de Tierras
La CNC defendió la permanencia de las facultades de la ANT como parte del andamiaje institucional vigente. En su análisis, la entidad cumple un papel clave en la recuperación de baldíos y en la gestión directa de la política agraria. El documento insiste en la necesidad de fortalecer esta institucionalidad en lugar de fragmentar sus funciones, lo que podría generar ineficiencias y retrasos en los procesos de formalización.
La organización también destacó que la ANT ha sido fundamental para avanzar en la distribución de tierras y en la solución de conflictos rurales, por lo que cualquier cambio debe ser cuidadosamente evaluado para no afectar los logros alcanzados.
Llamados al Congreso y a las instituciones del Estado
En relación con la creación de la Jurisdicción Agraria, la organización propuso un esquema basado en la complementariedad entre las distintas entidades del Estado. Este enfoque busca articular las capacidades administrativas y judiciales sin sustituir los mecanismos existentes. La CNC plantea que la suma de esfuerzos institucionales permite una respuesta más efectiva frente a los conflictos rurales, siempre y cuando se mantenga un equilibrio entre las funciones de cada entidad.
El pronunciamiento incluye un llamado al Congreso para que sus decisiones se ajusten al artículo 64 de la Constitución Política, reformado mediante el Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional. También hace referencia a los estándares internacionales contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, que Colombia debe respetar y promover.
La organización expresó críticas frente a lo que identifica como una cercanía del Congreso con sectores de la gran propiedad rural, representados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). En este contexto, cuestiona el desarrollo del debate político y su impacto en las demandas del sector agrario, advirtiendo que las decisiones legislativas podrían favorecer intereses particulares en detrimento de los campesinos.
Llamado a la movilización y defensa de la institucionalidad
El documento incluyó un llamado a las altas cortes, a las bancadas parlamentarias y al Ejecutivo para atender la situación institucional. La CNC advierte sobre los efectos de la polarización en el cumplimiento del Acuerdo de Paz y en la seguridad jurídica del campo. En este escenario, la organización convocó al campesinado, a procesos étnicos y a movimientos sociales a participar en una movilización y en asambleas permanentes en defensa de la tierra y de la institucionalidad agraria.
La CNC reiteró su compromiso con la paz y la justicia social en el campo, y exhortó a todos los actores a trabajar en conjunto para garantizar los derechos de los campesinos y el desarrollo rural integral.
