A quince años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los avances en la materia siguen siendo limitados, y Antioquia y su capital, Medellín, no son ajenos a esta realidad. Así lo advirtió el abogado Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, quien calificó como “doloroso” el bajo nivel de resultados frente a las solicitudes presentadas por las víctimas del conflicto armado.
Cifras nacionales y regionales
Según datos con corte al 30 de marzo de 2026, de las 172.445 solicitudes de restitución de tierras presentadas en todo el país, solo se han resuelto 18.631, lo que representa un magro 10,7 %. En el departamento de Antioquia, el panorama es apenas ligeramente mejor, con cerca del 12 % de los casos resueltos, concentrados principalmente en regiones como Urabá y el Oriente antioqueño.
Medellín: cero restituciones
La situación en Medellín es aún más crítica. Vega señaló que no se ha concretado ni una sola restitución de vivienda, pese a que existen más de 3.000 solicitudes activas. Este rezago se debe a factores como la microfocalización, que limita las zonas donde se puede intervenir por razones de seguridad, y la falta de decisiones administrativas que agilicen los procesos sin necesidad de acudir a jueces en casos sin oposición.
“Nosotros teníamos una expectativa de que se pudieran hacer una modificación para hacer la restitución administrativa, o sea, cuando no hay opositor, que es el 61 % de los casos, ¿para qué lo llevan ante un juez? ¿Eso no se pudo modificar? Tampoco hubo una decisión de la Unidad de Restitución de Tierras para adelantar los procesos colectivos. Quiere decir que en una sentencia un juez pueda resolver 50, 100, 70 casos”, afirmó el abogado.
Casos emblemáticos sin resolver
El abogado también cuestionó la falta de alternativas para las víctimas cuando no hay condiciones de seguridad, pese a que la ley contempla compensaciones en dinero o con tierras en otras zonas. Según dijo, “las solicitudes se quedan congeladas mientras las víctimas envejecen o fallecen esperando una respuesta”. Puso como ejemplo el caso de la Teca, en Nueva Colonia, Turbo, que lleva desde 2014 sin resolverse. “Han fallecido 422 personas que pertenecían a una asociación de trabajadores de la Teca, y no ha sido posible que la resuelvan. Eso lo llevó la Unidad de Restitución de Tierras, y nosotros ya estamos presentando esos casos ante la Comisión Interamericana, y estamos también evaluando una nueva audiencia en la Comisión Interamericana”, sostuvo Vega.
Plazo límite y llamado de la Procuraduría
A cinco años de que se cumpla el plazo de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, previsto para 2031, la Procuraduría General de la Nación pidió que de manera urgente se fortalezca la participación institucional y se aceleren los resultados en la reparación integral de las víctimas. “Sin cambios estructurales, uso de tecnología y voluntad política, además de las estadísticas, sería imposible cumplir las metas en el tiempo restante”, concluyó el abogado.
