Gobernador de Antioquia busca anular suspensión de capturas a 23 jefes criminales de Medellín
En medio de crecientes tensiones entre autoridades regionales y el Gobierno nacional, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se presentó este lunes en el Palacio de Justicia de Bogotá con un objetivo claro: frenar la polémica decisión de la Fiscalía que suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín vinculados a diálogos de paz.
Acción legal ante el Consejo de Estado
Sobre el mediodía, el mandatario antioqueño radicó formalmente una solicitud de nulidad ante el Consejo de Estado, acompañada de una medida cautelar. Según explicó Rendón, esta acción busca revertir una determinación que considera altamente peligrosa y que podría tener graves consecuencias para la seguridad del departamento.
"El objetivo es evitar que se levanten restricciones judiciales a personas que consideramos altamente peligrosas", afirmó el gobernador, quien advirtió que esta medida pone en riesgo directo a víctimas, funcionarios judiciales y miembros de la fuerza pública que han arriesgado sus vidas para capturar a estos criminales.
Preocupaciones electorales y de seguridad
Rendón alertó sobre el impacto potencial que esta decisión podría tener en el contexto electoral, especialmente de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo. Según el mandatario, las áreas donde estos criminales podrían transitar libremente coinciden con zonas clave para los resultados electorales en Antioquia.
"Es como si Petro y la Fiscalía, con esta disposición, estuviesen permitiendo que lo que se repite en las zonas más violentas del país termine incidiendo en los resultados electorales", expresó con preocupación.
Cuestionamientos a la falta de claridad
El gobernador sostuvo que la resolución de la Fiscalía favorece a algunos de los criminales más peligrosos del departamento, entre los que mencionó específicamente a alias "Tom", a quien comparó con Pablo Escobar, y alias "El Montañero", señalado de expandir su accionar criminal hacia regiones como Cundinamarca y el Eje Cafetero.
Entre las principales críticas, Rendón destacó que la Fiscalía suspendió las órdenes de captura sin precisar el rol que cumplirán estos cabecillas dentro de los diálogos de paz, y que esta decisión se tomó en medio de una contienda electoral sin mayores explicaciones sobre sus implicaciones.
Comparaciones con el proceso 8.000
Tras radicar la acción judicial, el gobernador comparó la situación actual con lo ocurrido durante el proceso 8.000 y calificó como "muy grave" que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, otorgue beneficios a criminales como alias "Calarcá".
"No comprendo a la Fiscalía. Hace unos días va a Palacio de Nariño a advertir que lo de Calarcá es muy grave, y luego le otorgan la libertad a 23 criminales tan peligrosos como él", expresó con evidente frustración.
Asignación del caso
Finalmente, Rendón informó que la solicitud de nulidad, acompañada de la medida cautelar, fue asignada por reparto al magistrado Carlos Fernando Mantilla, quien deberá estudiar el caso y determinar si procede la acción interpuesta por el gobierno antioqueño.
Esta acción legal marca un nuevo capítulo en las tensiones entre el gobierno regional y las decisiones judiciales que afectan la seguridad en Antioquia, un departamento que históricamente ha enfrentado desafíos significativos en materia de criminalidad y orden público.
