Mientras Medellín continúa presentándose como un destino turístico en crecimiento, una realidad preocupante emerge: la expansión de las denominadas 'zonas rojas'. Este tema fue el centro de un debate de control político en el Concejo de Medellín, donde concejales y más de 15 expertos alertaron sobre la proliferación de territorios donde el Estado pierde terreno frente al microtráfico, los habitantes en situación de calle y la explotación sexual de menores.
Un mapa crítico en expansión
El concejal Andrés Felipe Rodríguez, quien citó el debate, señaló que estas áreas ya no son focos aislados, sino escenarios de problemáticas estructurales que la administración no ha logrado contener. Rodríguez describió estos puntos como espacios de deterioro del espacio público, inseguridad cotidiana y economías ilegales capturadas. Advirtió que, pese a las intervenciones constantes, los resultados son desalentadores.
“La Administración estaría ‘gobernando el desorden’”, afirmó Rodríguez, cuestionando la falta de articulación entre las secretarías y la opacidad en las cifras de atención a los cerca de 12.000 habitantes de calle que hay en la ciudad.
La preocupación radica en que el fenómeno se desplaza hacia zonas estratégicas y turísticas. Además de puntos críticos tradicionales como la Avenida De Greiff, Barrio Triste y la Minorista, se alertó sobre la consolidación de dinámicas delictivas en el Parque Lleras, Provenza, la Comuna 13 y el corredor de Ayacucho. Esta expansión pone en riesgo directo a la población estudiantil, dada la cercanía de estos focos a instituciones educativas.
Críticas a la gestión actual
El concejal Brisvani Arenas cuestionó la idoneidad de los contratistas actuales, señalando que se ignora la experiencia de organizaciones con trayectoria en rehabilitación. Arenas enfatizó que la crisis no es de recursos, sino de efectividad: “Las intervenciones no están generando los impactos esperados, lo que evidencia fallas estructurales en su implementación”.
Respuesta oficial
Desde la Administración Distrital, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, defendió la gestión señalando que en lo que va de 2026 ya se han incautado más de seis toneladas de droga, sumadas a las 14 toneladas de 2025. No obstante, reconoció que el marco normativo actual limita el accionar institucional y que las estructuras criminales mantienen liderazgos ocultos que dificultan su desarticulación total.
La secretaria de Inclusión Social, Luz María Ramírez, admitió que existen limitaciones normativas, especialmente en el tratamiento de menores de edad, y lanzó un dardo hacia el Gobierno Nacional al advertir sobre la falta de acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en los procesos de restablecimiento de derechos.
Propuestas sobre la mesa
Entre las soluciones planteadas por los concejales y expertos destacan:
- La implementación de una 'Carpa Humanitaria' en el sector del Bronx.
- La aplicación de extinción de dominio a inmuebles utilizados para el expendio.
- La vinculación de organizaciones con enfoque espiritual y experiencia comprobada en adicciones.
- El retiro inmediato de menores de las calles, priorizando su protección sobre la manifestación de su voluntad.
El debate concluyó con un llamado urgente a elevar la problemática a nivel nacional, buscando un nuevo marco legislativo que permita a la ciudad intervenir con mayor contundencia estos territorios que hoy parecen ganar la batalla a la institucionalidad.
