El Ministerio de Salud y Protección Social desautorizó la restricción temporal anunciada por el Instituto Nacional de Cancerología (INC) respecto a la atención de nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento oficial en el que se señala que el INC no tiene competencia para suspender la prestación de servicios de salud a estos usuarios.
Fundamentos legales de la desautorización
Según la entidad, la medida adoptada por el Instituto contraviene lo establecido en la Ley 1751 de 2015, que consagra el derecho fundamental a la salud. El Ministerio indicó que la restricción afecta el acceso a los servicios, el principio de oportunidad en la atención y la continuidad en los tratamientos de los pacientes, elementos esenciales del sistema de salud colombiano.
Relación institucional y advertencias
Cabe recordar que el Instituto Nacional de Cancerología es una entidad pública adscrita al Ministerio de Salud, por lo que debe acatar los lineamientos definidos por el Gobierno nacional. En ese sentido, el Ministerio advirtió que, si se mantiene la negativa en la atención a los afiliados de la Nueva EPS, se interpondrán las acciones correspondientes, entre ellas una denuncia penal y una queja disciplinaria ante los organismos de control.
Contexto de la crisis de la Nueva EPS
La decisión se da en medio de las dificultades que enfrenta la Nueva EPS para garantizar la prestación de servicios a sus afiliados, en un escenario marcado por deudas con prestadores y reportes de barreras en la atención. En este contexto, el anuncio del INC de restringir la atención a nuevos pacientes generó un pronunciamiento del Ministerio de Salud, que reiteró la obligación de asegurar la continuidad y el acceso a los servicios de salud.
El Ministerio también recordó que el derecho a la salud es fundamental e irrenunciable, y que cualquier restricción debe estar justificada y ser proporcional, respetando los principios de universalidad, solidaridad y equidad. Asimismo, hizo un llamado a las entidades del sistema para que trabajen de manera articulada en la solución de las dificultades financieras y operativas que afectan la prestación de servicios.
