Fiscalía inicia investigación exhaustiva por muerte de menor con hemofilia
La Fiscalía General de la Nación tomó una decisión crucial en el caso del niño Kevin Acosta y abrió una investigación formal por presunta negligencia médica en su atención. El ente investigador examinará minuciosamente no solo la historia clínica del menor que fue presentada por la Nueva EPS, sino también el dictamen forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Detalles del caso que conmocionó al país
La muerte del niño Kevin Acosta, quien padecía hemofilia, generó una fuerte controversia nacional y motivó la apertura de esta investigación fiscal. El proceso se desarrolla actualmente en Bogotá y busca determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento, así como establecer posibles responsabilidades.
El caso se centra en establecer si existieron fallas en la prestación del servicio de salud, responsabilidades del sistema sanitario o incluso de la familia, convirtiéndose en un símbolo del debate nacional sobre la atención a pacientes con enfermedades complejas en Colombia.
Versiones enfrentadas y controversia pública
El caso desató un intenso debate público entre diferentes sectores. Por un lado, la familia del menor asegura que el niño falleció mientras esperaba medicamentos que no recibía desde hacía aproximadamente dos meses, específicamente el factor VIII necesario para su tratamiento de hemofilia.
Por otro lado, el Gobierno nacional, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, sugirieron que el fallecimiento podría estar relacionado con fallas en el cuidado de la enfermedad por parte de la familia. Estas declaraciones generaron indignación y respuestas contundentes de la madre del menor.
La versión de la EPS y cuestionamientos jurídicos
La Nueva EPS, entidad a la que estaba afiliado el niño, emitió un comunicado detallando la cronología del caso. Según sus registros, el menor de siete años tenía diagnóstico confirmado de hemofilia y estaba vinculado a un esquema preventivo con administración periódica de factor VIII aproximadamente cada 28 días, tratamiento que se desarrollaba desde octubre de 2019.
La entidad sostuvo que el medicamento se suministró de manera continua hasta diciembre de 2025, cuando se aplicó la última dosis a mediados de ese mes, quedando el siguiente ciclo programado para enero de 2026 conforme al cronograma médico habitual.
Sin embargo, surgieron serios cuestionamientos jurídicos porque, según algunos expertos, la entidad presuntamente reveló información médica reservada, lo cual podría constituir una violación de datos personales y confidencialidad médica.
Circunstancias del accidente y lesiones
En relación con los hechos que precedieron su fallecimiento, la EPS indicó que el 8 de febrero de 2026 el niño fue trasladado a la ESE Departamental San Antonio de Pitalito, en el municipio de Pitalito, luego de sufrir una caída desde un muro mientras montaba bicicleta.
El accidente le ocasionó un trauma craneoencefálico que incluyó:
- Pérdida momentánea de la conciencia
- Sangrado nasal
- Salida de líquido por el oído
- Otros signos de alarma neurológicos
Los estudios diagnósticos practicados en el centro asistencial evidenciaron lesiones graves, entre ellas:
- Hematoma epidural
- Fractura del hueso temporal
- Edema cerebral
Lo que configuraba un cuadro clínico de alta complejidad que requería manejo especializado inmediato.
Críticas al manejo presidencial del caso
El presidente Gustavo Petro ha sido ampliamente criticado por utilizar el informe médico y datos personales del niño Kevin Acosta para defender su postura sobre los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor sobre la salud del niño y publicó detalles muy privados de la historia clínica.
Esta decisión presidencial ha sido interpretada por numerosos sectores como una intención de transferir la responsabilidad del sistema de salud hacia la familia, específicamente hacia la madre del menor, en un caso que ha expuesto las profundas deficiencias del sistema sanitario colombiano.
La investigación fiscal ahora deberá determinar con objetividad y rigor técnico si existió negligencia médica, fallas en el sistema de salud, o si efectivamente las circunstancias del caso responden a otros factores. El dictamen del Instituto de Medicina Legal será fundamental para establecer las causas exactas del fallecimiento y asignar responsabilidades en este trágico caso que ha conmovido a la nación.
