Traslados masivos de EPS: ¿Qué pueden hacer los usuarios que se oponen al cambio?
El Ministerio de Salud colombiano ha dado un paso significativo en la reestructuración del sistema de salud al firmar el Decreto 0182 de 2026 el pasado 25 de febrero, una medida que ordena el traslado de millones de usuarios entre diferentes Entidades Promotoras de Salud. Esta decisión ha generado incertidumbre entre los afiliados, especialmente aquellos que no desean ser reubicados en las EPS designadas por las autoridades.
La realidad del decreto y sus implicaciones
La firma de este decreto ocurre en un contexto marcado por el deterioro evidente del sistema de salud nacional y una deuda estructural que continúa generando preocupación entre pacientes, profesionales médicos y autoridades regulatorias. Aunque el documento no menciona específicamente a la Nueva EPS, al ser esta una de las entidades con mayor cantidad de afiliados a nivel nacional, se presume que estaría dentro de los criterios para recibir usuarios trasladados.
Esta EPS ha enfrentado críticas públicas luego de varios casos mediáticos, incluyendo el lamentable fallecimiento de Kevin Acosta, un menor de 7 años con hemofilia que murió esperando medicamentos esenciales. El decreto implica una reorganización territorial de las aseguradoras de salud y establece que las EPS no pueden rechazar el traslado de cientos de usuarios, incluso cuando estas entidades enfrentan intervenciones por parte de SuperSalud.
¿Existe libertad para elegir EPS después del traslado?
Una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios afectados es si pueden solicitar un cambio de EPS después del traslado obligatorio. El decreto establece que sí existe cierta libertad, pero con restricciones significativas que limitan las opciones disponibles para los afiliados.
Los lineamientos principales son:
- Una vez que el afiliado sea trasladado de manera obligatoria a otra EPS, deberá permanecer allí al menos 60 días calendario, incluyendo fines de semana y días festivos.
- Después de cumplir este período obligatorio, el paciente puede solicitar un traslado a otra entidad, pero solo si esta está habilitada en su departamento o municipio de residencia.
- La libertad de elección depende completamente de las entidades disponibles en cada territorio, lo que significa que en municipios donde solo quede habilitada una EPS, la posibilidad de cambiar será prácticamente nula.
Limitaciones territoriales y criterios de asignación
El proyecto no solo regula los traslados, sino que también limita el número de EPS según la población de cada municipio y departamento. Esto significa que los usuarios no podrán elegir libremente cualquier EPS del país, sino solo aquellas autorizadas en su zona geográfica.
El decreto no especifica una cifra exacta de usuarios que serán trasladados, ni detalla a cuáles entidades prestadoras de salud serán afiliados. Sin embargo, se establece que se dará prioridad a las EPS autorizadas que tengan menor participación en los municipios, buscando un equilibrio en la distribución de afiliados.
El papel de SuperSalud y la postura del Gobierno
En medio de esta crisis del sistema de salud, donde se reportan casos continuos de presuntas negligencias en las EPS, SuperSalud ha exigido a las aseguradoras eliminar cualquier barrera administrativa, contractual u operativa que limite el acceso efectivo a los servicios de salud. El organismo enfatiza que esta obligación cobra especial importancia cuando se trata de sujetos con protección constitucional y legal reforzada.
Frente al problema de las deudas de las EPS, que afectan directamente la estabilidad de hospitales y usuarios, el presidente Gustavo Petro ha afirmado que saldar estas obligaciones no es responsabilidad directa del Gobierno Nacional, por lo que no destinará recursos públicos para este fin. Sin embargo, reconoció que la nación tiene compromisos específicos, particularmente con la mitad de la deuda de la Nueva EPS, donde el Estado es copropietario.
Esta situación deja a los usuarios en una posición compleja, donde deben navegar entre traslados obligatorios, períodos de permanencia mínima y opciones limitadas según su ubicación geográfica, todo mientras el sistema de salud enfrenta una de sus crisis más profundas en años recientes.
