Al menos 860.000 adolescentes en Colombia, equivalentes al 21 % de la población usuaria de internet entre los 12 y 17 años, fueron víctimas de abuso y explotación sexual facilitados por la tecnología en un periodo de doce meses. Así lo revela la investigación ‘Disrupting Harm’, el mayor estudio global sobre esta problemática, realizado en 25 países y presentado por la Oficina de Estrategia y Datos de UNICEF - Innocenti, ECPAT International y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
El agresor suele ser alguien conocido
Los registros oficiales derriban la falsa percepción de que el peligro proviene exclusivamente de perfiles anónimos. El 70 % de las víctimas interactuó por primera vez con su agresor de manera presencial, en lugares cotidianos como la escuela (28 %), el hogar (22 %) o el espacio público (18 %). En la mitad de los incidentes denunciados de forma anónima durante el estudio, el agresor era alguien conocido. Un 22 % de los casos involucra a familiares, un 14 % a intereses románticos y otro 14 % a amistades. El resto de los ataques fue perpetrado por completos desconocidos (21 %).
Vulnerabilidad por género y territorio
La vulnerabilidad golpea con mayor fuerza por razones de género y territorio. Una de cada cuatro adolescentes mujeres (25 %) fue víctima, en comparación con el 17 % de los hombres. Asimismo, los menores en zonas rurales, donde prevalece la desigualdad económica, reportan una mayor exposición (29 %) frente a quienes habitan en cascos urbanos (17 %).
Plataformas de Meta y silencio cómplice
El estudio, sostenido en una encuesta nacional a 999 adolescentes, ubicó a plataformas como Facebook, WhatsApp e Instagram como el escenario de casi la mitad de los abusos tecnológicos, seguidas por un 14 % de agresiones gestadas en chats de videojuegos. La práctica más frecuente fue la recepción de imágenes sexuales no deseadas (15 %), combinada con el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para manipular fotografías reales con el fin de chantajear.
Ante la gravedad del fenómeno, la impunidad se sostiene por el miedo y la vergüenza. Ninguno de los adolescentes encuestados reportó su caso ante líneas de ayuda, trabajadores sociales o la Policía. Un 34 % de los afectados no le contó a nadie lo sucedido y uno de cada diez ni siquiera sabía cómo o dónde interponer una denuncia.
Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia, fue clara respecto al déficit institucional frente al avance digital: “Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades únicas para garantizar los derechos de la infancia y reducir desigualdades, pero también introducen riesgos que deben ser comprendidos y abordados. Este estudio, ambicioso y riguroso, nos muestra que es urgente tomar conciencia e implementar medidas de prevención y protección desde todos los frentes”.
¿Dónde reportar un caso de explotación digital en Colombia?
Las organizaciones exigen transitar de modelos centrados en restringir el uso del celular, hacia la creación de un entorno seguro y libre de estigmas para la víctima. Si un menor de edad enfrenta presión para enviar contenido íntimo o extorsión tecnológica, se debe bloquear al usuario sin eliminar las pruebas digitales como mensajes o imágenes.
El Estado dispone de canales activos las 24 horas para estos hechos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atiende reportes desde la Línea 141. Las pruebas pueden escalarse digitalmente mediante el portal ¡A Denunciar! de la Fiscalía y la Policía Nacional, o contactando al programa virtual Te Protejo Colombia, diseñado específicamente para contener el cibercrimen infantil.
