Han transcurrido un año y tres meses desde el brutal asesinato de Liz Camila Berrío Toledo, una menor de edad cuyo cuerpo fue hallado en una parcela de Montería. El juicio contra los presuntos responsables ha sido aplazado en varias ocasiones, y ahora se conoce que uno de los implicados buscaría un preacuerdo con la Fiscalía para recibir una condena de 37 años de prisión, en lugar de los 60 años que podrían corresponderle por los delitos imputados.
El hallazgo del cuerpo
El 17 de febrero de 2025, la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, se estremeció con el descubrimiento del cadáver de la menor Liz Camila Berrío Toledo. El cuerpo fue encontrado enterrado en una parcela ubicada en la vereda Las Cruces, jurisdicción del corregimiento de Santa Lucía, en el área rural de la ciudad. La joven había sido reportada como desaparecida y fue intensamente buscada por las autoridades, sus familiares y amigos, sin éxito inicialmente.
Fueron los animales que merodean durante la noche y la madrugada por las fincas de la región los que, al escarbar en un sector de la parcela, dejaron al descubierto parte del cuerpo de la menor. Los habitantes de la zona, alertados por el mal olor característico de un cuerpo en descomposición, dieron aviso a la Policía Nacional. Los uniformados encontraron a Liz Camila Berrío Toledo con evidentes signos de violencia, lo que habría causado su muerte.
Detalles de la investigación
El informe de la Policía Nacional indicó que la menor presentaba golpes con arma contundente, heridas con arma blanca y múltiples señales de maltrato y tortura. Además, se encontraba desnuda. Su padre fue el encargado de identificarla en las dependencias de Medicina Legal de Montería, hasta donde fue trasladado el cuerpo.
Las investigaciones adelantadas por las autoridades en Córdoba lograron descubrir que la menor permaneció recluida en un cuarto de madera construido en la finca donde fue hallada. En ese lugar, Liz Camila Berrío Toledo habría sido sometida a toda clase de vejámenes, abusada sexualmente y finalmente asesinada con heridas de arma contundente y arma blanca. En las pesquisas participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y funcionarios del Ejército de Colombia.
Captura de los sospechosos
Varias personas vieron a la menor con dos supuestos amigos, y en esa dirección se inició la investigación. Luego de reunir las pruebas respectivas, fueron capturados en el centro de Montería, Juan Carlos González Cárdenas, y en el barrio Rancho Grande, Samuel Abel Pérez Reyes. A ambos les imputaron los delitos de feminicidio con circunstancias de agravación punitiva de abuso sexual, sevicia y ocultamiento del cadáver. Un juez de la República legalizó las capturas y los dejó recluidos en un centro de protección.
Retrasos en el juicio
Después de más de un año, la audiencia para declararlos culpables o inocentes ha presentado inconvenientes. El abogado de la defensa, Jorge Luis Estrella Tirado, renunció al caso, al parecer porque la familia de los imputados no tenía recursos para pagar sus servicios. Todo estaba listo para que el pasado 4 de marzo se cumpliera el juicio oral, pero hubo que aplazarlo. La situación se ha repetido en varias ocasiones y hasta el momento el juicio no se ha podido realizar.
Para la continuación del caso fue nombrado como abogado de oficio Pedro Martínez Humánez, y la nueva audiencia estimada para el 28 de abril del año en curso también fue postergada, porque el abogado manifestó no estar empapado del caso. La nueva fecha de la audiencia de juicio oral se fijó para el 21 de mayo del presente año, donde se espera definir la culpabilidad o la inocencia de los imputados.
Preacuerdo con la Fiscalía
Al parecer, existiría un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para que Juan Carlos González Cárdenas acepte los cargos y sea condenado a 37 años de prisión, y no a 60 años, como lo estiman los delitos que se le imputan. Este acuerdo habría sido rechazado por Jhoana Toledo, la madre de la menor asesinada, quien afirmó que son muy pocos los años de condena ante los delitos cometidos. El nuevo juicio oral se realizará a las once de la mañana del 21 de mayo del año en curso.
