El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, continuará su proceso judicial en libertad tras la ratificación de la decisión de primera instancia por parte del Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla. La instancia judicial determinó que la Fiscalía General de la Nación no presentó argumentos sólidos para enviarlo a un centro carcelario, manteniendo así la medida que beneficia al procesado, quien está señalado de presuntamente participar en el desvío de dineros públicos destinados a la atención de adultos mayores durante la pandemia de COVID-19.
Argumentos del juzgado para mantener la libertad
Para el estrado judicial, el comportamiento del procesado ha sido constante frente a sus obligaciones procesales. El juez desestimó las alertas del ente acusador sobre un posible escape del país o eventuales intentos de obstruir la investigación penal. Dentro del expediente, se valoró que el hijo del presidente reside en una vivienda administrada por la Policía Nacional en Bogotá, una ubicación plenamente identificada, y se tuvo en cuenta su arraigo familiar al convivir con su pareja y su hijo menor de dos años.
El despacho fue enfático al señalar que la gravedad de los delitos no es una justificación automática para imponer medidas intramurales. En un apartado se mencionó que: “La Fiscalía no acreditó la necesidad de imponer medidas de aseguramiento (...) no basta la sola existencia de una inferencia razonable de autoría o participación para decretarla”, por lo que en medio de todo esto se necesita que se demuestre los posibles riesgos de obstrucción a la justicia, por lo que la justicia considera que no atenta contra nada de esto.
El presunto desvío de millonarios fondos para población vulnerable
El origen de este proceso judicial radica en las presuntas irregularidades halladas en contratos firmados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso). El objetivo de estos convenios, que superaban los 3.000 millones de pesos en su totalidad, era asistir a la población de la tercera edad en medio de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, las pesquisas sostienen que Petro Burgos y su entonces pareja, Day Vásquez, habrían direccionado dichas adjudicaciones entre 2021 y 2022. La investigación apunta a que el exdiputado se habría apropiado de más de 110 millones de pesos, cobrados a través de cheques y transacciones en efectivo de manera fraccionada. Por estos hechos enfrenta cargos por peculado por apropiación, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
El revés de la Fiscalía y las falencias probatorias
El fallo emitido en las últimas horas representa un obstáculo procesal para la fiscal Lucy Laborde, quien había apelado la determinación inicial tomada el pasado 19 de diciembre. La apelación buscaba revertir la libertad otorgada al procesado bajo la premisa de que representaba un peligro.
La justicia consideró que las medidas no privativas, como la restricción para salir de Colombia, han operado de forma efectiva. Además, según reportó Blu Radio, el juez de segunda instancia cuestionó la falta de sustento probatorio del ente acusador en esta etapa, indicando que faltó una inferencia razonable para justificar plenamente la acusación de presentación de documentos falsos. Contra esta ratificación de libertad no procede ningún recurso, por lo que el proceso entrará en sus siguientes fases con el acusado fuera de las celdas.
