Lo sucedido con el asesinato de ciudadanos inocentes en el Norte del Cauca es totalmente injustificable y rechazable. Este hecho es un ejemplo de eventos que también ocurren en otras regiones del país, tanto en territorios urbanos como rurales, incluyendo las principales ciudades capitales. En los últimos diez años, Colombia ha presenciado un cambio significativo en la criminalidad que domina el país. Se trata de una criminalidad cada vez menos política, que no persigue el cambio del régimen, pero que busca el control del territorio y de las poblaciones locales, especialmente donde se mueven recursos económicos importantes, como el tráfico de narcóticos, la explotación del oro y metales como el coltán.
Características de la nueva criminalidad
Esta criminalidad también busca penetrar el Estado local, departamental o nacional, principalmente a través de procesos electorales, para obtener apoyos políticos y permisividad para acciones de lavado de dinero, contratos y camuflaje en la economía tradicional. Al buscar dominio sobre la población circundante, encuentra en ella ya sea 'apoyo', 'acomodo' para subsistir, o 'resistencia' más o menos activa. La violencia se ha usado reiteradamente en este contexto, pero es necesario hacer algunas precisiones: la violencia homicida ha venido disminuyendo, en favor de una violencia vinculada con la propiedad, lesiones personales, amenazas, extorsión y secuestro. En el caso de la violencia letal, las modalidades más ostensibles son las masacres, el sicariato y los atentados terroristas.
Víctimas y dinámicas sociales
¿Quiénes son las principales víctimas y por qué? Desde la perspectiva de los sectores sociales locales, cuando hay 'apoyo' al grupo criminal, la violencia puede reducirse. Se realizan 'limpiezas' que recaen en ladrones y jóvenes que no cumplen los pactos del tráfico ilícito. Cuando hay 'acomodo', pueden presentarse amenazas y asesinatos contra líderes que muestran insatisfacción. Cuando hay 'resistencia', se presentan formas de terrorismo que afectan sectores de la sociedad local y buscan infundir miedo, así como asesinatos a líderes opositores. También puede presentarse violencia por competencia entre organizaciones criminales por el dominio del territorio.
El papel del Estado y las Fuerzas Armadas
Desde la perspectiva del Estado y sus Fuerzas Armadas, existe ambigüedad en el tratamiento al crimen organizado, pero no se puede afirmar, al menos en el Norte del Cauca, que hayan perdido terreno en su lucha contra el crimen. Esto se demuestra por los enfrentamientos terroristas del crimen organizado contra estaciones de Policía o destacamentos del Ejército, que, por otro lado, muestran capacidad de reacción, control parcial del territorio, y detención o muerte de cabecillas. Se ataca prioritariamente a las Fuerzas Armadas, pero las organizaciones criminales también buscan penetrarlas.
Hacia una nueva Política de Seguridad
¿Cuál es la Política de Seguridad a seguir en estas circunstancias? Si fracasó la Paz Total, es pertinente conocer las razones. Lo que hay sobre el tapete en las campañas a la Presidencia no es muy claro al respecto. No hay una crítica razonada de fondo, ya sea a la política de Paz Total o a la de Seguridad Democrática. Crítica que permita retomar las enseñanzas del pasado y proyectarse con un planteamiento novedoso al futuro. Se puede interpretar que para formular una Política de Seguridad se requiere, según el candidato, reformular la Paz Total (Cepeda), actualizar la Seguridad Democrática (Valencia), o enfrentar con toda la fuerza, incluso vulnerando los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, al crimen organizado y a quienes supuestamente lo apoyan (De la Espriella). Falta apoyo conceptual académico para una nueva Política de Seguridad.
