El Tribunal Superior de Bogotá ratificó este jueves la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, en el marco del caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue adoptada por la magistrada Alma Gertrudis Chamat, quien confirmó en segunda instancia el fallo emitido el pasado 18 de diciembre por la magistrada Aura Alexandra Rosero.
Detalles de la decisión judicial
La magistrada Chamat consideró que la medida no ha perdido su urgencia, basándose en los argumentos presentados por la Fiscalía en diciembre pasado, los cuales fueron tenidos en cuenta por el Tribunal. Velasco es señalado como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Situación de Ricardo Bonilla
La decisión también cobija al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla; sin embargo, no afecta su libertad, que fue restablecida días atrás por vencimiento de términos. Expertos en derecho penal explicaron que el vencimiento de términos es un aspecto independiente de la audiencia realizada hoy, y prevalece la garantía de libertad para Bonilla.
Antecedentes del caso
Velasco se encuentra privado de la libertad en Cali desde diciembre pasado, cuando la fiscal María Cristina Patiño lo imputó como presunto cabecilla de una red corrupta que, desde el alto Ejecutivo, habría desfalcado al Estado mediante sobornos y contratos ilegales en 2023. En la audiencia de imputación, la magistrada Rosero determinó que dejar en libertad a Velasco representaba un riesgo para la investigación, ordenando su reclusión en un centro carcelario.
La fiscal Patiño imputó a Velasco y Bonilla por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno aceptó los cargos y rechazaron las acusaciones. Según la Fiscalía, ambos habrían liderado un "pacto criminal" para corromper al Congreso a cambio de apoyar las reformas sociales del Gobierno, ofreciendo 79 proyectos de la UNGRD e Invías por más de medio billón de pesos, de los cuales solo siete se ejecutaron.
