La estructura salarial de la Fuerza Pública colombiana tras el incremento del 7% en 2026
El reciente ajuste salarial decretado por el Gobierno para la Fuerza Pública, que estableció un aumento del 7% para 2026 con efecto retroactivo, no solo ha elevado los ingresos de militares y policías, sino que también ha puesto en evidencia el mecanismo de cálculo de sus remuneraciones. Este sistema, que puede resultar paradójico, depende fundamentalmente de un solo rango dentro de la institución: el General.
Base jerárquica del sistema salarial
De acuerdo con el Decreto 615 de 2025, la base del sistema salarial es jerárquica y depende directamente del sueldo de un General, el cual actualmente supera los $12 millones mensuales, según fuentes del sector Defensa. El decreto especifica que los sueldos básicos mensuales se definen como un porcentaje de la asignación básica del grado de General, estableciendo que "los sueldos básicos mensuales (...) corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación básica del grado de General".
Esto implica que cada rango dentro de la Fuerza Pública tiene un nivel de ingreso proporcional. Por ejemplo:
- Un Mayor General se acerca al 96% del salario base del General.
- Rangos como Capitán o Teniente representan cerca de un tercio de esa referencia.
- En el caso de los suboficiales, un cabo puede ubicarse alrededor del 20% del salario base.
Si se toma como referencia un salario base de un General superior a $12 millones mensuales, la diferencia con los rangos más bajos es significativa. Un Cabo Tercero, que recibe cerca del 20% de esa asignación, tendría un sueldo básico aproximado de $2,4 millones. Esto evidencia una brecha amplia dentro de la estructura salarial, en la que los ingresos disminuyen proporcionalmente conforme se desciende en la jerarquía.
Bonificaciones y primas que complementan el ingreso real
Más allá del sueldo básico, el ingreso de los miembros de la Fuerza Pública se compone de diferentes primas y bonificaciones, muchas de las cuales no tienen carácter salarial. En el caso de los Generales y Almirantes, por ejemplo, el decreto establece que el 55% de su ingreso corresponde a una prima de alto mando, que no se considera salario para efectos legales.
Este esquema se replica en distintos niveles con otras bonificaciones:
- Los conscriptos reciben una bonificación mensual equivalente al 70% del salario mínimo.
- Existen pagos adicionales como bonificaciones de orden público que pueden alcanzar el 25% del sueldo básico en determinadas condiciones.
- Se suman beneficios como bonificaciones de licenciamiento equivalentes a 1,5 salarios mínimos, así como pagos especiales por formación, servicios en el exterior y otras funciones específicas.
En conjunto, estos componentes configuran un ingreso total que va más allá del salario base, creando una pirámide salarial en la que todos los niveles dependen de un punto común. En la práctica, cualquier ajuste en la remuneración del grado más alto impacta automáticamente a toda la escala, lo que permite mantener una coherencia interna en el sistema.
Impacto del aumento salarial y presión sobre el gasto público
El incremento del 7% decretado para 2025 responde a la fórmula acordada con organizaciones sindicales del sector público, que combina la inflación de 2024, del 5,2%, con un adicional de 1,8%. Este ajuste se aplica de manera retroactiva desde enero, lo que implica un mayor esfuerzo fiscal para el Estado.
Dado que la estructura salarial está anclada al grado de General, el aumento se traslada automáticamente a todos los niveles de la Fuerza Pública. Esto no solo eleva el ingreso de los uniformados, sino que también incrementa el gasto público en el sector defensa, en un contexto en el que el presupuesto enfrenta presiones crecientes.
El decreto también establece que futuros aumentos salariales para la Fuerza Pública deberán ser equivalentes a los de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, lo que refuerza el vínculo entre la política salarial del sector defensa y la del resto del Estado.
En este contexto, el sistema salarial de la Fuerza Pública combina una base estructurada en porcentajes con una serie de incentivos adicionales que buscan responder a las condiciones del servicio. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de sostenibilidad fiscal, al depender de ajustes generalizados que impactan toda la estructura de gasto público.
