La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, México, Rubén Rocha, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa para traficar droga y distribuirla en grandes cantidades en territorio estadounidense.
Detalles de la acusación
Según el documento conocido, las autoridades norteamericanas buscan enviar un mensaje contundente a los funcionarios públicos que, según sus investigaciones, habrían colaborado con redes del narcotráfico. La acusación fue emitida por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que sostiene que Rubén Rocha y los demás señalados mantenían presuntos nexos con el cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
De acuerdo con la investigación, estas personas estarían vinculadas con actividades relacionadas con el tráfico de droga y su posterior distribución en grandes cantidades dentro de Estados Unidos. El documento judicial contiene una advertencia directa sobre el alcance de este proceso: "Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes. Sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia".
Reacción de las autoridades mexicanas
Tras conocerse la acusación, la Cancillería de México informó que recibió solicitudes de extradición de varias personas vinculadas a este proceso. Sin embargo, también precisó que el gobierno de Estados Unidos no entregó pruebas suficientes que permitieran avanzar con detenciones provisionales inmediatas.
Respuesta del gobernador Rubén Rocha
Por su parte, el gobernador Rubén Rocha reaccionó públicamente rechazando de manera contundente las acusaciones. En su pronunciamiento aseguró: “Rechazo categórico y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”. El mandatario insiste en que los señalamientos no tienen sustento y niega cualquier relación con actividades criminales o con el cartel de Sinaloa.
Posibles consecuencias legales
A pesar de esa defensa, tanto él como los otros nueve acusados enfrentan un escenario judicial delicado. De ser hallados responsables, podrían recibir penas mínimas de 40 años de prisión e incluso cadena perpetua, dependiendo del alcance de los delitos imputados y de las pruebas que sean presentadas en el proceso.
