El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del estado mexicano por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas. La acusación, divulgada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, señala que los implicados conspiraron con líderes del cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.
Detalles de la acusación
Según el comunicado oficial, los acusados trabajaron en conjunto con el cartel para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia territorio estadounidense. Además, habrían protegido a los narcotraficantes de investigaciones, detenciones y procesos judiciales, facilitando así sus operaciones ilícitas. En particular, se les acusa de alinearse con la facción del cartel liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, conocidos como 'Los Chapitos', y de recibir a cambio millones de dólares provenientes de las ganancias del crimen organizado.
Funcionarios implicados
Entre los políticos en activo mencionados en la imputación se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, actual senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del estado. También figuran exfuncionarios como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública. La lista incluye a dos exjefes de la Policía investigadora de la Fiscalía general de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el exvicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito; y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
Cargos y posibles penas
Todos los acusados enfrentan tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con dichas armas. Estas imputaciones conllevan sentencias mínimas de cuarenta años de prisión y podrían llegar hasta la cadena perpetua. En el caso de Juan Valenzuela Millán, de 35 años, se le añade el cargo de presunta participación en los secuestros de un informante de la Agencia Antinarcóticos (DEA) y un familiar suyo, quienes fueron torturados y asesinados por orden de Los Chapitos, lo que implica una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
Contexto de la corrupción
La Justicia estadounidense alega que Rocha Moya llegó al cargo de gobernador en noviembre de 2021 tras recibir ayuda de Los Chapitos, quienes habrían secuestrado e intimidado a sus rivales políticos. Desde entonces, se afirma que ha permitido que el grupo opere con impunidad a cambio de protección. El fiscal del Tribunal Federal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, declaró que EE.UU. busca romper los vínculos entre la corrupción política y los capos de la droga, y aseguró que esta acusación envía un mensaje claro a funcionarios de todo el mundo que colaboran con narcotraficantes.
