Panel de expertos de la ONU sobre drogas: ¿Una nueva prórroga sin soluciones concretas?
La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) estableció el 12 de marzo de 2026 un panel de expertos destinado a contribuir a la revisión global de la política de drogas, programada para 2029. Esta iniciativa fue impulsada por solicitudes presentadas por Colombia en años recientes ante la Comisión.
A primera vista, la decisión parece significativa. Y lo es porque no todos los días el sistema internacional reconoce, aunque sea de manera indirecta, que requiere asistencia técnica adicional para examinar su propia trayectoria. Sin embargo, es crucial no confundir una señal de preocupación institucional con una reforma genuina.
El problema fundamental: metas imprecisas
La dificultad principal no reside en la creación del panel en sí, sino en que el sistema que lo convoca continúa sin definir con claridad qué objetivos quiere alcanzar, cómo medirá el éxito y qué costos está dispuesto a reconocer como resultado de sus propias políticas. Sin resolver estas preguntas fundamentales, el panel corre el riesgo de emitir recomendaciones elegantes para administrar un fracaso acumulado, no para superarlo.
Para comprender el contexto del panel, es necesario revisar la trayectoria del sistema internacional de control de drogas durante las últimas décadas. Desde finales del siglo XX, la política mundial en esta materia ha operado con una lógica repetitiva:
- Se establecen metas ambiciosas
- Se constata posteriormente que no se cumplieron plenamente
- Se reafirma el marco general
- Se traslada el horizonte temporal hacia adelante
Historia de metas incumplidas
Este patrón comenzó en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Lucha Contra el Problema Mundial de las Drogas de 1998 (Ungass, 1998), cuya declaración política adoptó el artículo 19, que exhortaba a "eliminar o reducir considerablemente el cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta de cannabis y la adormidera para el año 2008".
Para 2008, esta meta estaba muy lejos de alcanzarse. No obstante, en el discurso de apertura de la reunión de la CND de ese año, Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reafirmó la bondad de las políticas contra las drogas y señaló que el 'problema de las drogas' estaba controlado, aunque no resuelto.
La reunión de la Comisión de Estupefacientes de 2008 debería haber sido el escenario para evaluar la eficacia de las políticas antidrogas de UNGASS 1998. Sin embargo, se limitaron a presentar varios documentos que servirían como punto de partida para una reflexión cuyo debate final se reservó para la sesión de 2009.
Composición sesgada del panel
La composición del nuevo panel genera dudas importantes. Formalmente, se presenta como un grupo multidisciplinario, pero evidencia un claro sesgo hacia los perfiles de salud y de fiscalización. Incluye médicos, psiquiatras y expertos vinculados al aparato institucional de control de drogas, pero muestra una débil presencia de especialistas en:
- Economía política
- Mercados ilícitos
- Desarrollo rural
- Instituciones
- Violencia criminal
- Historia comparada de la producción de drogas
Este sesgo es significativo porque el problema mundial de las drogas no es solamente un asunto clínico ni exclusivamente un tema de consumo problemático. También es un problema de incentivos económicos, de estructuras de mercado ilegales, de desigualdad territorial, de corrupción y de gobernanza.
La crítica más importante
La objeción más fundamental al panel es también la más elemental: no se puede evaluar con rigor una política cuyos fines no están definidos operacionalmente. El discurso internacional sobre las drogas habla de bienestar, salud, seguridad, desarrollo y derechos humanos, pero no establece con precisión qué variable debe considerarse decisiva al juzgar los resultados.
Esto no es una objeción académica menor. Si no se sabe exactamente qué constituye el éxito, tampoco se puede decidir qué instrumentos son adecuados, qué costos son aceptables y qué intercambios son intolerables. Una política puede disminuir ciertos cultivos y, al mismo tiempo, aumentar la violencia y el desplazamiento. Puede reducir ciertos mercados visibles y, simultáneamente, fortalecer otros más rentables y violentos.
Dimensiones ignoradas del problema
El fenómeno de las drogas no puede reducirse al consumo. Tiene al menos tres dimensiones distintas, que exigen explicaciones separadas pero articuladas:
- Producción: ¿Por qué unos países producen y otros no, aun cuando tienen las condiciones necesarias para hacerlo?
- Mercadeo: ¿Cómo funciona una cadena de valor ilícita bajo prohibición y qué incentivos genera esa ilegalidad para la violencia y la corrupción?
- Uso: ¿Por qué ciertas sociedades presentan patrones más graves de uso problemático que otras y qué papel desempeñan allí factores como el empleo, la educación, la vivienda, la desintegración social o la exclusión?
Si el panel no reorganiza la discusión en torno a estas preguntas causales, repetirá un error clásico: tratar los síntomas visibles sin entender los sistemas que los producen.
Costos de la prohibición
La discusión internacional suele partir de un supuesto razonable: el uso problemático de ciertas sustancias deteriora la salud física y mental de las personas y genera costos familiares y sociales. Esto es cierto. Pero el debate se vuelve intelectualmente deficiente cuando ignora la otra cara del problema: la prohibición misma genera costos sociales masivos.
La definición de "salud" de la OMS no solo incluye dimensiones físicas y mentales, sino también sociales. Y si esto se toma en serio, no basta con medir sobredosis, dependencia o acceso a tratamiento. Hay que medir también:
- La violencia letal
- La corrupción
- La destrucción institucional
- El encarcelamiento masivo
- El crecimiento de las economías ilegales
- La captura territorial
- El desperdicio de recursos públicos
Todos estos son daños sociales que afectan las condiciones de vida, la gobernabilidad y las oportunidades de millones de personas. Y muchos de ellos no son efectos del consumo en sí, sino del modo en que se organiza el mercado bajo la prohibición.
Preguntas que el panel debe enfrentar
El panel solo será útil si abandona la comodidad del lenguaje tradicional y entra en el terreno difícil de la definición precisa, la causalidad compleja y la evaluación de costos totales. Debe responder preguntas complejas como:
- ¿Qué parte del daño global proviene del uso problemático y qué parte de la estructura criminal creada por la prohibición?
- ¿Qué combinación de salud pública, regulación diferenciada, desarrollo alternativo, reforma penal y control financiero produce mejores resultados según objetivos específicos?
- ¿Qué explica que algunos países hayan dejado de ser productores, mientras que otros permanecen atrapados en economías ilegales?
- ¿Cómo se incorporan los determinantes sociales de la salud al análisis de la política de drogas?
El mayor peligro del panel no es que no diga nada interesante, sino que, bajo el amparo de metas nobles y referencias generales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), termine justificando la continuidad de un régimen que no se ha tomado en serio sus propias contradicciones.
De lo contrario, servirá para lo que han servido tantas declaraciones anteriores: desplazar las metas, renovar la retórica y preservar el marco. Cuando eso ocurre, no estamos ante una solución. Estamos, simplemente, ante otra forma de mantener el problema y aplazar su solución.
