El conflicto armado en Colombia ha dejado cifras alarmantes en el primer trimestre de 2026. Cerca de 50.000 personas vieron afectada su movilidad entre enero y marzo debido a confinamientos y desplazamientos forzados, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Este dato refleja la continuidad de la violencia y su impacto en varias regiones del país.
Desplazamientos y confinamientos en aumento
El informe detalla que se documentaron 40 eventos de desplazamiento forzado masivo, afectando a 7.668 personas. Además, los confinamientos forzados impactaron a 39.807 personas durante el mismo período. Esta restricción, menos visible pero igual de grave, impide que las comunidades accedan a alimentos, salud y otros servicios básicos, aumentando su vulnerabilidad. Las poblaciones quedan atrapadas en disputas territoriales entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Cauca y Chocó, los más afectados
El departamento del Cauca encabeza la lista de zonas más afectadas por confinamientos, con más de 9.300 víctimas. Le siguen Chocó (7.765), Caquetá (5.030), Antioquia (5.023) y Bolívar (3.882). Estas cifras evidencian que el conflicto se concentra en zonas rurales y periféricas, donde las comunidades tienen dificultades para acceder a protección institucional. La situación en Cauca se ha agravado recientemente por un atentado que dejó al menos 20 civiles muertos.
Factores ambientales agravan la crisis
El informe también señala que más de 25.000 personas se desplazaron por emergencias ambientales, principalmente inundaciones. En Córdoba, las lluvias de febrero afectaron a más de 43.000 familias en Montería, que quedaron aisladas por el desbordamiento de cuerpos de agua. Desde 2024, las personas desplazadas por factores ambientales son reconocidas como víctimas del conflicto armado, una medida que busca ampliar su protección. En 2023, los desplazamientos por desastres naturales alcanzaron 351.000, superando a los provocados por la violencia.
Respuesta institucional insuficiente
La Defensoría del Pueblo advierte que la combinación de violencia y fenómenos climáticos complejiza la respuesta institucional. Mientras tanto, miles de familias continúan enfrentando restricciones y condiciones precarias en medio de un conflicto que persiste.
