La Corte Constitucional emitió un contundente llamado de atención a la Unidad para las Víctimas y al Ministerio de Hacienda, otorgándoles un plazo de cinco días para que expliquen las razones detrás de las fallas en el sistema de entrega de giros de ayudas y atención humanitaria a la población desplazada. Según el alto tribunal, estas deficiencias estarían afectando el mínimo vital de miles de personas en todo el país, en un contexto donde la vigencia 2026 ya está en marcha.
Origen de la advertencia
La decisión de la Corte se enmarca en un auto de seguimiento a la histórica sentencia T-025 de 2004, conocido por Colombia+20. En dicho documento, el tribunal advierte sobre serios problemas en la operación de los giros de atención humanitaria, que son transferencias monetarias que el Estado entrega a las víctimas de desplazamiento forzado para cubrir sus necesidades básicas. La Corte tuvo conocimiento de una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, la cual alertaba sobre la falta de garantías en la continuidad y entrega efectiva de esta ayuda durante la vigencia 2026.
“La Sala tuvo conocimiento de la acción de tutela promovida por la Defensoría del Pueblo que relata que, en agosto y octubre de 2025, esa entidad solicitó a la Unidad para las Víctimas información específica sobre las acciones administrativas, presupuestales y operativas previstas para garantizar la entrega oportuna, continua y suficiente de la atención humanitaria en 2026, especialmente frente a las restricciones derivadas de la Ley 996 de 2005, y que las respuestas ofrecidas por la entidad se limitaron a referencias generales sobre vigencias futuras y disponibilidad de personal, sin concretar un plan verificable para asegurar dicha continuidad”, señala el auto de la Corte.
La Ley de Garantías y su impacto
La Ley 996 de 2005, conocida como la ley de garantías electorales, restringe la contratación directa por parte de entidades públicas durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales. Este aspecto es relevante, ya que desde enero pasado, Colombia+20 publicó investigaciones sobre denuncias contra los congresistas Jairo Castellanos y Gustavo Moreno por presuntas presiones políticas, coincidiendo con un aumento inusual de contratos en la Unidad de Víctimas que se habrían financiado con recursos destinados a la reparación de las víctimas.
Exfuncionarios y funcionarios de la Unidad entrevistados por este diario afirmaron que desde julio de 2025 se registró un aumento sustancial de contratos, con picos particularmente altos en el último mes, justo cuando se acercaba la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por las elecciones. Según constató este diario, solo en los primeros 21 días de enero se vincularon 442 personas por contratos de prestación de servicios, una cifra que fuentes internas consideran atípica para esa época del año. En total, se firmaron 3.000 contratos antes de la Ley de Garantías en esa entidad.
Problemas de incumplimiento
En el auto, la Corte advierte que desde enero de 2026 no se habrían garantizado los giros en el país, y la propia Unidad de Víctimas reconoció problemas derivados del incumplimiento del operador contratado. El dato más crítico refleja la magnitud de la falla: de cerca de 1.100 puntos de pago previstos, apenas 41 estaban en funcionamiento.
“(La Unidad de Víctimas) reconoció inconvenientes nacionales en la entrega de giros de atención humanitaria por incumplimientos del operador contratado. La Unidad también indicó que desde enero de 2026, no se habían garantizado esos giros en el territorio nacional y que solo estaban en funcionamiento 41 puntos de entre aproximadamente 1.100 que deberían estar disponibles para su dispersión. En ese contexto, la Sala estima necesario requerir información detallada y actualizada que permita establecer el alcance de esas fallas, sus causas y las medidas adoptadas para superarla”, dice el auto.
La Corte insiste en que no basta con que existan recursos o esquemas de pago en el papel. La obligación se cumple únicamente cuando las ayudas llegan realmente a las personas desplazadas, en condiciones de acceso y oportunidad. “Cuando la entrega de la atención humanitaria se materializa mediante mecanismos de dispersión monetaria, la obligación estatal no se agota en la existencia formal de un esquema de pago o en la sola disposición abstracta de recursos. También exige que las autoridades competentes adopten las decisiones necesarias para que los recursos puedan ser efectivamente colocados y cobrados por sus destinatarios, en condiciones razonables de cobertura, oportunidad, accesibilidad y funcionamiento”, explica el tribunal.
Exigencias a la Unidad y a Hacienda
El tribunal considera que el problema podría no reducirse a un contratista u operador que falló, y le pide a la Unidad que muestre si diseñó e implementó un esquema sin comprobar que podía operar en condiciones reales. Por ello, la Corte exige a la Unidad, en ese plazo de cinco días, un informe detallado sobre cómo se evaluó la capacidad del operador, cuál es la cobertura efectiva de la red de pagos, qué tan lejos están los giros de convertirse en dinero efectivamente cobrado por las víctimas y qué medidas se han tomado para corregir las fallas.
Asimismo, la Corte le solicita explicaciones al Ministerio de Hacienda “sobre la apropiación, programación y giro de los recursos en 2025 y 2026”. En su auto, el tribunal indica que con esto se busca establecer “si las presuntas irregularidades en la colocación o entrega de los giros obedecen exclusivamente a problemas operativos, o si también pudieron verse incididas por restricciones, rezagos, insuficiencias o demoras en la programación y disposición efectiva de caja”.
La solicitud de información sobre los recursos girados en 2025 cobra relevancia si se tiene en cuenta que ese año se presentaron los ataques del ELN y posteriores combates con el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente en Catatumbo, lo que provocó la mayor crisis humanitaria en Colombia de los últimos 20 años. Este hecho llevó al presidente Gustavo Petro a declarar la conmoción interior en la región del Catatumbo, otorgándole facultades extraordinarias para agilizar la atención humanitaria. Un paquete de decretos, la mayoría tumbados después por la misma Corte Constitucional, fueron emitidos para gestionar dineros o hacer traslados de presupuesto. Según la Presidencia, en 2025 la Unidad de Víctimas gestionó más de 53 mil millones de pesos para atender la región del Catatumbo. “Durante ese año, la entidad movilizó 15.000 millones de pesos en apoyo subsidiario de ayuda humanitaria inmediata, beneficiando de manera directa a 9.205 hogares, equivalentes a 30.873 personas de la región”, dijo Presidencia en un comunicado del pasado 6 de enero.
La Corte ordenó que la información entregada por la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Hacienda deberá ser remitida a la Procuraduría y a la Contraloría, que evaluarán si hay lugar a investigaciones disciplinarias o fiscales.
Interinidad en la Unidad de Víctimas
Todo este panorama se da en medio de la interinidad que vive la Unidad de Víctimas, que lleva tres meses con directora encargada. Como lo contó Colombia+20 este martes, el Gobierno aún no oficializa quién asumirá el cargo en propiedad. Desde el pasado 27 de enero, el Ejecutivo nombró como directora encargada a Alix Dunieka Aguilar tras la salida de Adith Romero. Su nombramiento no ha estado exento de polémica por los supuestos vínculos que unen a Aguilar con Romero. “Fue su mentor político. Y ella también hizo parte de la alcaldía de Barrancabermeja cuando estuvo Alfonso Eljach”, le dijo a este diario en enero pasado una fuente que pidió reserva.
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