Una investigación de la Universidad de los Andes revela que, aunque los homicidios y las masacres no aumentaron durante los ceses al fuego implementados por el gobierno de Gustavo Petro, estas medidas facilitaron la expansión del control territorial de los grupos armados ilegales. El estudio, realizado por el centro de estudios de la universidad, analizó el impacto de las treguas en el marco de la política de paz total, que buscaba negociar con la mayor cantidad de estructuras armadas.
Resultados del estudio
La investigación concluye que los ceses al fuego permitieron a grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y otras organizaciones criminales consolidar su presencia en regiones clave del país. Según los investigadores, la reducción de enfrentamientos con la fuerza pública y entre grupos rivales les dio espacio para fortalecer su control sobre territorios, economías ilícitas y comunidades. Esto se tradujo en un aumento de amenazas, extorsiones y reclutamiento de menores, sin que necesariamente se dispararan los homicidios.
Contexto de la paz total
A dos meses de finalizar el gobierno Petro, los balances de su gestión en temas de paz ya son objeto de análisis. La política de paz total buscó promover negociaciones con múltiples grupos armados, pero según el estudio, los ceses al fuego no lograron desarticular las estructuras criminales. Por el contrario, se observó un incremento en el número de hombres en filas de grupos criminales, un aumento de combates entre ellos mismos y con la fuerza pública, y un uso más recurrente de drones para atentar contra la población civil.
Reacciones y críticas
Expertos en conflicto armado señalaron que la estrategia gubernamental priorizó la reducción de la violencia letal a corto plazo, pero descuidó el desmantelamiento de las capacidades militares y económicas de los grupos. La investigadora principal del estudio, quien pidió reserva de su nombre por seguridad, afirmó: "Los ceses al fuego pueden ser una herramienta útil en procesos de paz, pero si no van acompañados de medidas para debilitar el control territorial, terminan fortaleciendo a los grupos armados".
Impacto en las comunidades
Las comunidades en zonas de conflicto han denunciado un aumento de la presión por parte de los grupos armados durante los ceses al fuego. En regiones como el Catatumbo, el Chocó y el Cauca, los habitantes reportan mayores restricciones a la movilidad, imposición de normas y cobro de extorsiones. Organizaciones de derechos humanos advierten que la expansión territorial ha profundizado la crisis humanitaria, con más desplazamientos forzados y confinamientos.
Recomendaciones del estudio
La Universidad de los Andes recomienda que futuros ceses al fuego incluyan mecanismos de verificación y condicionalidades que obliguen a los grupos armados a cesar no solo los homicidios, sino también las actividades que afectan a la población civil, como el reclutamiento y la extorsión. Además, sugiere que el Estado mantenga presencia institucional en los territorios para evitar que las treguas se conviertan en un instrumento de consolidación del poder ilegal.
El gobierno Petro no se ha pronunciado oficialmente sobre los hallazgos del estudio, pero fuentes del Ministerio del Interior indicaron que se están evaluando las conclusiones para ajustar la estrategia de paz en lo que resta del mandato. Mientras tanto, las comunidades continúan esperando que las políticas de paz no solo reduzcan la violencia, sino que también garanticen su seguridad y el respeto a sus derechos.
