El concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, vuelve a estar en el centro de la polémica tras proponer que el Gobierno nacional electo concentre acciones ofensivas de la fuerza pública en municipios donde Iván Cepeda obtuvo mayoría en las elecciones presidenciales del 21 de junio. En sus declaraciones, Rodríguez pidió explícitamente que los bombardeos y ataques se dirijan hacia esas zonas, argumentando que allí se esconden los bandidos del país.
Declaraciones del concejal
Durante su intervención, Rodríguez mencionó específicamente a Campamento, en el Norte de Antioquia, localidad que junto a otras de la subregión había sido alertada por autoridades departamentales por presuntos constreñimientos de las disidencias de alias ‘Calarcá’ para apoyar a Iván Cepeda. “No nos vamos lejos... Campamento. Pasó de 400 votos a Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí”, afirmó el concejal.
Rechazo institucional
Las declaraciones generaron una ola de críticas en redes sociales y pronunciamientos institucionales. El Concejo Municipal de Campamento emitió un comunicado en el que rechazó los señalamientos, calificándolos de estigmatizantes y peligrosos para la población civil. “Campamento no puede ser señalado como escenario de confrontación ni utilizado como referencia para promover discursos violentos. Nuestra gente merece ser reconocida por su dignidad, su trabajo y su esperanza”, señaló el Concejo, solicitando a Rodríguez rectificar sus palabras.
Por su parte, la Agencia Nacional de Renovación del Territorio (ART) también se pronunció, expresando su preocupación por las solicitudes del concejal. En un comunicado, la ART indicó: “Rechazamos tajantemente las irresponsables declaraciones del concejal Rodríguez, que se constituyen en un hecho de revictimización de las comunidades y territorios de 170 municipios del país que fueron priorizados como beneficiarios de los PDET, precisamente por sufrir las consecuencias de una mayor incidencia de la violencia, la pobreza, los cultivos de uso ilícito y la debilidad institucional local. En los territorios PDET habitan más de cinco millones de compatriotas, que en su mayoría hacen parte de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que a través del tiempo han padecido el rigor del conflicto armado y el abandono estatal”.
Posibles acciones legales
Tras lo ocurrido, varias figuras políticas y líderes sociales han anunciado en redes sociales que interpondrán acciones legales contra el concejal por estas declaraciones. No se descarta alguna intervención de la Procuraduría General u otras entidades de control sobre la función pública. El caso sigue generando debate en Antioquia y a nivel nacional, mientras la opinión pública espera una respuesta oficial del Gobierno nacional electo.
