La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió una condena histórica contra más de 70 exintegrantes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por los actos violentos perpetrados entre 1998 y 2006. La decisión judicial no solo impuso sanciones penales, sino que incluyó un apartado redactado en lenguaje sencillo para dirigirse directamente a las víctimas, con el objetivo de explicar las medidas destinadas a restaurar su dignidad, paz y bienestar.
Revisión de 80 exparamilitares y exclusión de ocho
El Tribunal evaluó la situación de 80 exparamilitares que solicitaban beneficios dentro del marco de la justicia transicional, examinando los hechos ocurridos entre 1998 y 2006, período en el que el Bloque Central Bolívar sembró el terror en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Sin embargo, los magistrados determinaron que ocho de estos exintegrantes no cumplían con los requisitos exigidos por la jurisdicción, como la desmovilización efectiva, la entrega de bienes y el cese de actividades ilícitas.
Análisis de 749 hechos violentos
La Sala de Justicia y Paz examinó un total de 749 hechos en los que participaron los exparamilitares, configurando lo que la decisión describe como un "estremecedor rompecabezas" de violencia. Los delitos revisados incluyen homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, tortura y violencia basada en género. Como resultado, se impuso la pena máxima permitida en esta jurisdicción: ocho años de prisión para los más de 70 condenados.
Mensaje del Tribunal a las víctimas
En un documento de 2066 páginas, el Tribunal Superior de Bogotá se dirigió directamente a las víctimas, reconociendo la posible dificultad de aceptar penas de ocho años frente a las condenas más largas de la justicia ordinaria. "Entendemos que ver a quienes les causaron tanto daño recibir penas de ocho años de prisión, en lugar de las condenas largas que recibirían en la justicia ordinaria puede ser difícil de aceptar y tal vez considerarse una injusticia", señaló el Tribunal. Añadió que "estas penas alternativas no son un perdón a ciegas ni mucho menos un regalo, son un intercambio exigido por la ley. Para alcanzar este beneficio, los hoy responsables han aportado a la construcción de verdad de lo que hicieron y han entregado bienes para repararlos a ustedes".
Advertencias y medidas de seguridad
La Sala de Justicia y Paz advirtió que si los exparamilitares "mintiesen, ocultasen información o volviesen a delinquir, perderían inmediatamente los beneficios y recibirían toda la dureza de la ley". Asimismo, se impuso "la limitación al derecho de tenencia y porte de armas como una medida idónea, necesaria y proporcional, encaminada a evitar la repetición de comportamientos como los analizados".
Reconocimiento de inocencia de las víctimas
Los magistrados enfatizaron que "lo primero y más importante es afirmar que ninguno de estos dolorosos hechos ocurrió por su culpa. Ustedes son inocentes, ustedes son víctimas, aquellas y aquellos seres queridos que hoy no están aquí con nosotros, también fueron víctimas inocentes". Explicaron que "la Sala quiere otorgarles un reconocimiento público inmediato que valida su dolor y rompe el silencio histórico del conflicto", agregando que "nada ni nadie podrá justificar jamás los actos que ustedes y sus comunidades sufrieron".
Disculpas por la demora
El Tribunal también pidió disculpas a las víctimas por la demora en la decisión: "Con profundo lamento debemos contarles que para llegar a este punto hemos tardado mucho tiempo. Por favor discúlpennos, hemos dado todo de nosotros y, en verdad, quisiéramos haberlo hecho mucho mejor y más rápido". Reiteraron que "este mecanismo sacrifica algunos años de prisión a cambio de conseguir las respuestas y la verdad que de otra manera hubieran podido quedar ocultas o en la impunidad por siempre".
Medidas restaurativas y reparación
Los magistrados expusieron que las medidas ordenadas son "especiales para restaurar su dignidad, su paz y su bienestar. Estas medidas incluyen mecanismos individuales de reparación económica, simbólica y, además, otras actividades colectivas". El documento concluye con un mensaje final: "Ustedes importan, este juicio es sobre ustedes y merecen saber qué decidimos. Queremos así reafirmar su dignidad y ofrecerles justicia, paz y reconciliación".
Extinción de dominio y círculos restaurativos
Entre las órdenes dictadas contra los condenados se incluye la extinción de dominio sobre bienes avaluados en "COP 131.474 millones", recursos que "estarán destinados a garantizar la indemnización y reparación integral de las víctimas". Además, se ordenó "la creación de círculos de sentencia restaurativos a fin de garantizar un espacio de justicia terapéutica y restaurativa fundamentado en la participación conjunta, horizontal y en pie de humana igualdad".
