Jueza admite tutela contra James y Díaz con prueba falsa de IA
En un país donde miles de personas dependen de la decisión de un juez para obtener medicamentos o tratamientos que salvan vidas, esta semana es noticia una tutela contra los jugadores de la Selección Colombia, James Rodríguez y Luis Díaz, por supuesta “traición a la patria”. La jueza Viviana Gutiérrez Rodríguez aceptó el recurso presentado por Francisco Javier Zuluaga, quien adjuntó como única prueba una fotografía hecha con inteligencia artificial. En ella se ve a las estrellas del fútbol haciendo el saludo que usó el presidente electo Abelardo de la Espriella durante su campaña.
Una tutela con pruebas falsas y errores procesales
La tutela fue presentada mediante un audio de voz y contiene múltiples irregularidades. Aparte de adjuntar una prueba falsa, el tutelante pidió vincular al proceso a la Federación Colombiana de Tenis, no de Fútbol, y no explicó cuál es el derecho fundamental presuntamente vulnerado, requisito indispensable en estas acciones. En lugar de ello, el escrito se concentra en acusaciones y descalificaciones: el accionante sostiene que los jugadores son “sediciosos”, “traidores” y “cobardes”, los acusa de actuar en favor de una “potencia extranjera” y de haber sido “comprados por la élite”. También afirma que ambos futbolistas “ponen a nuestro pueblo como esclavos, sumisos de la colonia de Estados Unidos”, sin aportar prueba alguna.
Mezcla de temas sin relación
La tutela mezcla asuntos sin conexión evidente: en un mismo relato aparecen referencias a una supuesta “traición a la patria”, denuncias sobre fraude electoral, acusaciones de paramilitarismo, señalamientos contra medios de comunicación, críticas a las Fuerzas Armadas y llamados a “aplazar las elecciones”. Aunque la acción está dirigida contra los jugadores y directivos del fútbol colombiano, el accionante pide actuaciones contra “todo el que defiende invasión de potencia extranjera y traición” y sostiene que los futbolistas son “bastante incultos”, que “no leen ni estudian” y que tienen “cerebrito de gallina”. La mayor parte del documento está compuesta por este tipo de afirmaciones.
Argumentos constitucionales ausentes
Los argumentos constitucionales que normalmente sustentan una tutela están ausentes o son difíciles de identificar. A pesar de las descalificaciones, la prueba falsa y la falta de explicación del derecho vulnerado, la jueza Viviana Gutiérrez Rodríguez aceptó estudiar la tutela. Además de pedir al tutelante que indique cuál es el derecho que busca proteger, la jueza vinculó al proceso a la Federación Colombiana de Fútbol y solicitó información sobre dónde pueden ser notificados los jugadores. James Rodríguez y Luis Díaz se encuentran en la concentración de la Selección Colombia en Guadalajara (México), durante el Mundial de Fútbol.
Opinión de abogados: ¿debía la jueza rechazar la tutela?
En diálogo con este diario, varios abogados explicaron el proceso. Iván Cancino, penalista y miembro del Colegio de Abogados Penalistas, afirmó: “Había razones suficientes para que la jueza rechazara la acción de tutela y evitara desgastar el aparato judicial”. En su opinión, además de la ausencia de un derecho fundamental claramente identificado, era fácilmente verificable que una de las piezas centrales del caso era una imagen artificial y no una situación real, por lo que lo correcto habría sido no seguir con el trámite. “No tiene sentido admitir una tutela cuando, además, no se cumplen requisitos como la inmediatez o la subsidiariedad y cuando existen otros mecanismos para controvertir los hechos”, agregó. Para Cancino, este tipo de decisiones puede enviar un mensaje equivocado y estimular la presentación de acciones alejadas de la protección efectiva de derechos fundamentales.
Otros abogados defienden la admisión
Para Juan David Bazzani, abogado penalista y docente de la Universidad Externado, es clave tener presente que “admitir la tutela no significa que esté dándole la razón al accionante. Admitirla significa que debe darle trámite, por absurda que parezca”. En su criterio, el desenlace más probable es que el recurso sea declarado improcedente porque “no parece existir un derecho constitucional vulnerado” ni los hechos relatados corresponden al escenario para el que fue diseñada esta acción constitucional. Sergio Salazar, abogado y docente de la Universidad Católica Luis Amigó, añadió que “lo que corresponde es valorar la credibilidad, pertinencia y alcance de la prueba dentro del proceso”. Aunque reconoció que para muchos ciudadanos resulta difícil entender por qué asuntos como este llegan a los despachos judiciales, insistió en que los jueces están obligados a decidir todas las tutelas dentro de los términos legales.
El debate sobre el uso de la tutela
El exfiscal Mario Burgos explicó que en esta discusión es importante recordar que las tutelas, por más confusas que sean, son trámites que permiten que una persona enferma, sin abogado y sin recursos, obtenga en diez días la orden de entrega de un medicamento que le salva la vida. “Las cifras lo ilustran: en 2024 se presentaron 952.251 tutelas, y cerca de un tercio buscaban proteger el derecho a la salud. Si se cerrara el acceso para filtrar lo trivial, el costo lo pagarían, ante todo, los más vulnerables”, agregó Burgos. Aun así, abogados como Cancino sostienen que sí debería existir un “filtro” ante estos casos. “Creo que sería importante que la Judicatura dejara precedentes claros sobre este tipo de situaciones. La tutela ha sido una de las herramientas más importantes para la protección de derechos fundamentales y es necesario preservar su seriedad y credibilidad”, puntualizó el penalista.
Una discusión que va más allá de James y Díaz
El debate que deja este caso va más allá de James Rodríguez, Luis Díaz o una fotografía creada con inteligencia artificial. La verdadera discusión es qué hacer cuando una herramienta diseñada para proteger derechos fundamentales termina siendo utilizada para tramitar reclamos que parecen alejados de ese propósito. Mientras algunos juristas advierten que admitir este tipo de acciones puede desgastar a la justicia y restarle credibilidad a la tutela, otros recuerdan que imponer barreras más estrictas podría cerrarles la puerta precisamente a quienes más la necesitan: ciudadanos enfermos o sin recursos que dependen de un trámite para proteger sus derechos. Entre evitar abusos y garantizar el acceso a la justicia sigue estando el problema.
