La Defensoría del Pueblo se pronunció enérgicamente contra las declaraciones del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien sugirió iniciar fumigaciones y ataques militares en municipios antioqueños donde aumentó la votación por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. El organismo consideró que estos discursos promueven violencia y son incompatibles con la democracia.
La propuesta que generó controversia
Durante una sesión plenaria del Concejo de Medellín el pasado 23 de junio, Rodríguez señaló al municipio de Campamento, en el Norte de Antioquia, como un objetivo militar. Según el concejal, en esa localidad los votos por Iván Cepeda pasaron de 400 en primera vuelta a 2.500 en segunda, y aseguró que existían alertas sobre presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc.
“No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí”, declaró el corporado.
Reacción de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo respondió de manera inmediata, calificando las declaraciones como un discurso de odio. En un comunicado, el organismo señaló que “señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas constituye un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos”.
Además, la Defensoría le pidió al concejal Rodríguez retractarse de sus afirmaciones y anunció que remitirá una petición a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva. El organismo subrayó que “el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio”.
Contexto electoral y de seguridad
Las declaraciones de Rodríguez se produjeron en el marco de los resultados electorales del 21 de junio, en los que Iván Cepeda resultó ganador en varias zonas de Antioquia. El concejal vinculó el incremento de votos por Cepeda en Campamento con presuntas amenazas de grupos armados, sin presentar pruebas concretas. Días antes de los comicios, efectivamente se habían levantado alertas por posibles constreñimientos de las disidencias de las Farc en esa región.
La propuesta de Rodríguez de iniciar fumigaciones y bombardeos en esos territorios ha sido rechazada por diversos sectores políticos y sociales, que la consideran una incitación a la violencia y una estigmatización de comunidades enteras por su opción electoral.
Investigación fiscal en curso
La Fiscalía General deberá determinar si las declaraciones del concejal configuran delitos como incitación a la violencia o apología al delito. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos y la democracia, e instó a los funcionarios públicos a evitar discursos que puedan poner en riesgo a la población.
Este caso se suma a otras controversias recientes en el país sobre los límites de la libertad de expresión en el ejercicio de cargos públicos y la responsabilidad de los líderes políticos en la construcción de una convivencia pacífica.
