La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de 2.603 millones de pesos tras detectar una presunta duplicidad en la atención de 1.315 niñas y niños beneficiarios de programas de primera infancia durante los años 2024 y 2025. La Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) habrían brindado atención simultánea a los mismos menores con recursos públicos destinados a garantizar su desarrollo integral.
Hallazgos tras cruce de bases de datos
El hallazgo surgió luego de una indagación preliminar y del cruce de bases de datos de ambas entidades. Según la Contraloría, se identificaron 339 casos de atención concurrente durante 2024 y otros 976 durante 2025, para un total de 1.315 beneficiarios. A partir del análisis técnico y financiero realizado, la entidad estimó un presunto daño patrimonial superior a los 2.603 millones de pesos.
Además, la Contraloría advirtió posibles fallas en los mecanismos de control y seguimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social. Según el informe, no se habrían aplicado de manera efectiva herramientas de validación que permitieran identificar oportunamente si los beneficiarios ya recibían atención de otra entidad pública.
Funcionarios vinculados
El organismo también señaló que la actuación fiscal vincula a varios funcionarios que ejercieron funciones relacionadas con la supervisión y ejecución de los programas dirigidos a la primera infancia. La Contraloría no precisó los nombres ni los cargos específicos, pero indicó que se trata de personal que tuvo responsabilidad directa en la gestión de los convenios y contratos.
Respuesta de Integración Social
Tras conocerse la decisión de la Contraloría, la Secretaría Distrital de Integración Social defendió la legalidad de su actuación y aseguró que la atención a la primera infancia se presta bajo los principios de protección integral, interés superior del menor y garantía de derechos.
La entidad sostuvo que la concurrencia y complementariedad de servicios entre distintas instituciones hace parte del modelo de atención establecido por la política pública de primera infancia y que, por sí sola, no puede interpretarse como una duplicidad irregular. Asimismo, precisó que durante 2024 atendió a más de 48.000 niñas y niños en jardines infantiles de Bogotá. Según sus cálculos, los 339 casos observados por la Contraloría representan apenas el 0,7 % de la población beneficiada ese año.
Para 2025, la Secretaría reportó una atención superior a los 51.900 menores y afirmó que los 976 casos señalados equivalen al 1,9 % del total de usuarios atendidos. La entidad también explicó que los 1.315 casos identificados corresponden a niños y niñas atendidos en jardines infantiles operados por cajas de compensación familiar y organizaciones sin ánimo de lucro mediante convenios con la Secretaría.
La Contraloría continuará con la investigación para determinar las responsabilidades fiscales correspondientes y establecer si hubo intencionalidad o negligencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la primera infancia en Bogotá.
