El Movimiento Social Paro Cívico de Buenaventura inició este martes una jornada de movilización y cierre del Embarcadero Turístico de Pasajeros, como medida para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados con el Gobierno Nacional durante el Paro Cívico de 2017 y reclamar mayor transparencia en la ejecución de los recursos destinados a esta infraestructura.
Inicio de la protesta y demandas principales
La protesta comenzó a las 6:00 de la mañana como una acción de defensa de los bienes públicos de la ciudad, ante lo que califican como una demora injustificada en el cumplimiento de los acuerdos relacionados con la entrega, administración y modernización del embarcadero turístico. Según el comunicado emitido por la Veeduría de Derechos Humanos del Movimiento Social Paro Cívico "Para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio", las organizaciones sociales han reiterado a la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba Martínez; a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; y al sector transporte del Gobierno Nacional la urgencia de cumplir con este acuerdo de la Mesa de Territorio, Vivienda e Infraestructura.
El acuerdo se refiere a la entrega pública oficial del embarcadero y su remodelación, como parte integral del derecho a la movilidad marítima y fluvial del pueblo de Buenaventura y de todo el litoral Pacífico colombiano, así como de los visitantes.
Inversión de 25 mil millones de pesos y preocupaciones por irregularidades
Los líderes comunitarios señalaron que el proyecto de mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y ampliación del embarcadero cuenta con una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos. Sin embargo, persisten preocupaciones por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos y por decisiones que, según afirman, podrían favorecer intereses privados en detrimento de los derechos de la comunidad bonaverense.
Entre las principales exigencias planteadas por las organizaciones sociales se encuentran la continuidad de la cuarta sesión de la Junta Administradora del Embarcadero, así como la expedición o ajuste de la Resolución 0158 de mayo de 2026, mediante la cual se reconoce la existencia de este organismo conformado por representantes del Gobierno y delegados comunitarios. También solicitan garantizar el funcionamiento pleno de dicha junta, evitar cualquier intento de privatización de los bienes públicos asociados al embarcadero, asegurar la recuperación y ampliación total de la infraestructura y revisar los diseños y procesos constructivos que actualmente ejecutan la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía Distrital de Buenaventura.
Llamado a entidades garantes y continuidad de la medida
Ante la situación, el Movimiento Social Paro Cívico hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, Vicepresidencia de la República, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y demás entidades garantes para que intervengan y acompañen el proceso de diálogo. Mientras continúan las conversaciones, el embarcadero permanece cerrado y las organizaciones sociales advirtieron que la medida se mantendrá hasta obtener respuestas concretas frente a sus solicitudes.
