La Agencia Nacional de Tierras (ANT) amplió su calendario administrativo mediante una resolución que declaró hábiles el sábado 27 de junio, el lunes 29 de junio y el sábado 4 de julio para adelantar actuaciones administrativas, especialmente relacionadas con la gestión contractual.
Contexto de la medida
La decisión se produce tras el levantamiento de la ley de garantías, luego de la segunda vuelta electoral, y busca atender el vencimiento de cerca de 5.000 contratos de prestación de servicios previsto para el 30 de junio. De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, la ampliación de los días hábiles permitirá avanzar en la firma de prórrogas, adiciones y nuevos contratos de prestación de servicios antes de que expire el plazo de los acuerdos actualmente vigentes.
Vencimiento de contratos
Además de los contratos de prestación de servicios, la ANT informó que también vencen cuatro contratos de arrendamiento correspondientes a distintas sedes de la entidad. La habilitación de nuevas jornadas busca facilitar el desarrollo de estas actuaciones administrativas dentro del cronograma establecido por la institución.
Debate sobre la gestión contractual
La decisión de ampliar el calendario administrativo ha generado controversia en algunos sectores, donde surgieron cuestionamientos sobre la planeación de la gestión contractual. Entre las críticas planteadas se encuentra la preocupación por el volumen de contratos que deben ser tramitados en los últimos días antes de su vencimiento.
Uno de los pronunciamientos provino de Indalecio Dangond, integrante del comité de empalme de Abelardo de La Espriella, quien solicitó a los organismos de control realizar una auditoría urgente sobre este proceso. Según la información conocida, Dangond sostuvo que la decisión también podría ser utilizada para desaparecer documentos.
Impacto del levantamiento de la ley de garantías
El contexto de la medida está marcado por el reciente levantamiento de la ley de garantías, que había restringido los procesos de contratación durante el periodo electoral. Concluida la segunda vuelta, las entidades públicas retomaron la posibilidad de adelantar contrataciones, lo que concentró múltiples trámites en un mismo periodo.
La resolución refleja el reinicio de la actividad contractual en las entidades públicas tras la finalización de la ley de garantías y pone de relieve los retos administrativos que implica gestionar un alto volumen de contratos en un periodo reducido. Al mismo tiempo, la decisión ha abierto un debate sobre la planificación de estos procesos y el seguimiento que puedan realizar los organismos de control.
