Un nuevo cobro para quienes viajen al exterior encendió las alarmas del sector turístico colombiano. La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) manifestó su preocupación por la entrada en vigencia del Decreto 0625 de 2026, que reglamenta el cobro de un dólar estadounidense, o su equivalente en pesos colombianos, a los pasajeros que compren tiquetes aéreos internacionales.
Detalles del nuevo impuesto
La medida, expedida por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, establece que el impuesto será cobrado tanto a nacionales como a extranjeros, sean o no residentes en Colombia, al momento de adquirir el pasaje. Los recursos recaudados serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y estarán dirigidos a financiar programas de prevención y lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, así como contra la pornografía infantil.
Posición de ANATO
Aunque el gremio respalda plenamente el propósito de proteger a la niñez, considera que la financiación de estas políticas no debería recaer en un nuevo cobro para los viajeros. ANATO sostiene que proteger a la niñez es una responsabilidad compartida por el Estado, pero advierte que sumar nuevas cargas tributarias al transporte aéreo termina afectando la competitividad del turismo y encareciendo los viajes internacionales.
Carga tributaria actual en tiquetes aéreos
El argumento del sector es que los tiquetes aéreos ya están gravados con un IVA del 19%, una de las cargas que, según el gremio, limita el crecimiento del mercado. Incluso, desde hace varios años, ANATO ha insistido en la necesidad de reducir ese impuesto al 5% para estimular la demanda, fortalecer la conectividad aérea y dinamizar la economía vinculada al turismo, en lugar de incorporar nuevos gravámenes.
Fuentes de financiación ya existentes
ANATO también recordó que la legislación colombiana ya contempla fuentes de financiación para prevenir la explotación sexual comercial de menores en el contexto del turismo. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 300 de 1996, modificado por la Ley 1101 de 2006, un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), definido cada año por su Consejo Directivo, así como las multas impuestas a prestadores de servicios turísticos en aplicación de la Ley 679 de 2001, deben destinarse a programas de prevención, formación y sensibilización sobre esta problemática.
Llamado al diálogo
Frente a este panorama, el gremio reiteró que mantendrá una posición de diálogo con el Gobierno, respaldando las acciones dirigidas a proteger a la niñez, pero insistiendo en que existen mecanismos legales y recursos ya establecidos para cumplir ese objetivo, sin generar nuevos costos para los viajeros.
