El Poder Ejecutivo de Uruguay resolvió modificar las exoneraciones tributarias que reciben los autos eléctricos, según un decreto publicado este martes. La medida, firmada por el presidente Yamandú Orsi y los ministros Gabriel Oddone (Economía) y Fernanda Cardona (Industria), establece la aplicación del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los vehículos eléctricos cuyo valor de importación supere los US$ 19.001, de forma gradual y en dos franjas.
Detalles del nuevo gravamen
El decreto fija que los vehículos eléctricos de la "Categoría F" (transporte de pasajeros, no utilitarios) con valor en aduana de importación entre US$ 19.001 y US$ 27.000 pagarán un Imesi del 5%. Para aquellos con valor superior a US$ 27.000, la tasa será del 9%. Los híbridos, por su parte, tributarán según su cilindrada, con tasas que van del 7% al 34,5% en la primera franja y del 11% al 34,5% en la segunda.
Exoneraciones vigentes y cambios
Hasta ahora, los vehículos eléctricos e híbridos estaban exentos del Imesi. Con los cambios, los eléctricos con valor de importación de hasta US$ 19.000 seguirán exentos. Los híbridos en ese mismo rango pagarán Imesi según cilindrada, entre 7% y 34,5%. Las nuevas disposiciones comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2027.
Fundamentos del gobierno
En la fundamentación del decreto, el Ejecutivo señala que "la evolución reciente del mercado automotor evidencia un crecimiento sostenido en la importación y comercialización" de vehículos eléctricos de pasajeros, "sin perjuicio de que a la fecha representan un porcentaje menor del parque automotor nacional". El gobierno considera que "la estructura tributaria debe adaptarse de forma dinámica a la evolución de los mercados, tecnologías y patrones de consumo, calibrando los incentivos fiscales conforme a la disminución experimentada en los precios de las tecnologías y sin afectar significativamente las políticas energética, ambiental y de movilidad sostenible".
Contexto y vigencia
Estos cambios venían siendo estudiados desde hace meses y el Ejecutivo tenía la potestad de implementarlos gracias a un artículo del Presupuesto Nacional. La medida busca ajustar los beneficios fiscales a la realidad del mercado, donde los precios de los vehículos eléctricos han disminuido.
